25 de abril de 2017
25.04.2017
Función pública

El Gobierno negocia con los sindicatos implantar las 35 horas semanales para los funcionarios

Hacienda se muestra dispuesta a hablar y cifra el coste entre los 800 y los 1.200 millones de euros

25.04.2017 | 16:57

La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, ha afirmado este martes que están dispuestos a escuchar la petición de los sindicatos de implantar las 35 horas semanales en la Administración, si bien ha advertido de que el coste de fijarlo como normativa básica se situaría entre los 800 y los 1.200 millones de euros.

Así lo ha señalado Collado durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso para explicar las cuentas de 2017 de su departamento, en la que ha indicado que habría un "problema de sostenibilidad" en la posibilidad de implantar la jornada de 35 horas en la Administración, si bien "de todo se puede hablar".

En declaraciones a los periodistas al término de su comparecencia, Collado ha explicado que ya se está hablando con las organizaciones sindicales más representativas (CCOO, UGT y CSIF) sobre la posible implantación de las 35 horas, así como del resto de reivindicaciones, de forma que durante la legislatura se puedan alcanzar acuerdos como el suscrito en materia de empleo público.

No obstante, ha indicado que "no se trata de una recuperación de un derecho", ya que cuando en 2012 el Gobierno fijó la jornada en 37,5 horas de manera general, solo dos comunidades autónomas tenían la jornada de 35 horas (Asturias y Andalucía).

Otras cinco regiones cuentan con una jornada laboral semanal de entre 36 y 37 horas, a la vez que los 500.000 funcionarios del Estado tampoco cuentan con esa jornada. "Es una demanda, pero no es una recuperación de derechos", ha insistido Collado, quien ha añadido que en el resto de Europa solo hay dos países con esa jornada, y uno de ellos "se lo está pensando", mientras que el resto tienen jornadas de más de 40 horas.

Precisamente Andalucía comenzó a aplicar en enero de este año la jornada de 35 horas para sus empleados públicos, por lo que se ha abierto un "mecanismo de entendimiento" que si no culmina con éxito, llevará al Estado a presentar un recurso de constitucionalidad.

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