El Gobierno aprobó el viernes un Real Decreto por el cual se limita el pago en efectivo a un máximo de 1.000 euros a partir del 1 de enero de 2017, una medida cuyo fin es combatir el fraude fiscal y la economía sumergida.

La polémica está servida: la gran distribución cree que se trata de un error supondrá una barrera al consumo y un nuevo coste de transacción que obligará a todos los ciudadanos a poseer una tarjeta.

De la misma opinión es la Unión de Contribuyentes, que denuncia que perjudicará a los más débiles, familias, micropymes y autónomos.

Estos últimos, sin embargo, celebraron que la medida "va en beneficio de todos los que cumplen con sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social".

Pero, ¿qué dicen los expertos?

Efectividad contra el fraude

El asesor financiero de Cecot, Enrique Rius, partidario de que "en un mundo globalizado y digitalizado el pago en metálico se debe reducir al máximo", cree que sí se trata de una medida eficaz contra la economía sumergida.

Sin embargo, la consultora de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Verónica López, advierte de que la limitación debería ir acompañada de otras acciones antifraude y de que el Ministerio de Hacienda debería ser capaz de identificar las fugas de efectivo de la vida cotidiana de una persona, dando libertad a los consumidores para elegir el medio de pago a utilizar.

Por su parte, la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid Aurelia Valiño ha resaltado que, si bien la medida es positiva a favor de la transparencia en los pagos, tendrá un efecto muy limitado, siendo más "una medida popular y de comunicación en el contexto de la situación política actual".

Según ha explicado a Europa Press, la medida podría tener un efecto de "llamada de atención o de preocupación" por las posibles sanciones en las operaciones en las que ambas partes acuerdan realizar una transacción en negro para ahorrarse el IVA, pero cree que no habrá cambios en cuanto a drogas, armas y prostitución.

"No parece creíble que personas que tengan mucho dinero negro 'bajo el colchón' no puedan darle salida por la norma de los 1.000 euros", añade.

Asimismo, cree que las ventas de más de 1.000 euros en tiendas físicas y por Internet "ya se estaban pagando con tarjeta", por lo que la medida "no tendría impacto" para este tipo de transacciones.

¿Qué hay de la eficiencia recaudatoria?

Junto con la limitación al pago en efectivo, el Gobierno también obligará a las grandes empresas a enviar las facturas del IVA en tiempo real para limitar las posibilidades de fraude en este impuesto.

Con este Real Decreto de medidas tributarias, pretende ingresar unos 1.000 millones de euros más.

Sin embargo, Valiño cree que la eficiencia recaudatoria será más bien escasa, teniendo en cuenta que los costes de control podrían superar a los beneficios de la eliminación de este fraude, según ha explicado.

"La medida, si tiene algún impacto, será de imagen: más efectista que efectiva", apostilla.

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