La calidad de la educación varía en España de unas comunidades autónomas a otras como consecuencia de las políticas que se aplican en cada territorio, pero también de los fondos disponibles para esta materia y de la manera en que se gestionan, según el 'Ranking de Excelencia Educativa' de Profesionales por la Ética presentado esta semana.
Algunas diferencias entre comunidades autónomas son más evidentes, como por ejemplo el número de alumnos que hay en una clase por cada profesor (9,1 en un centro público del País Vasco y 13,2 en uno de Madrid), mientras que otras diferencias son más difíciles de ver a simple vista, como la eficiencia con la que cada comunidad utiliza los fondos que tiene disponibles.
En este indicador de eficiencia del gasto, que mide la relación entre el dinero disponible para educación y los resultados conseguidos con él, la Comunidad de Madrid, el País Vasco y Castilla y León son los que mejor puntúan, mientras que Castilla-La Mancha, Baleares y la Comunidad Valenciana, los que peor.
En este mapa puedes ver cómo puntúa cada comunidad en distintos indicadores.
En total, el informe de Profesionales por la Ética, realizado a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, analiza 58 indicadores, organizados en nueve áreas: escolarización, graduación (los alumnos que llegan a graduarse), idoneidad (los alumnos que acaban los estudios con la edad que les corresponde), abandono educativo temprano, centros de iniciativa social, gasto educativo, ratios, recursos informáticos y complementos y eficiencia en el gasto educativo.
A partir de todos esos indicadores la organización ha realizado un ranking general de 'Excelencia Educativa' que encabezan País Vasco, Navarra, Castilla y León y Madrid, mientras que Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana se sitúan a la cola.
Para acabar con estas diferencias y mejorar la educación en el conjunto del país, Profesionales por la Ética propone desarrollar un pacto nacional por la excelencia educativa, con la participación de padres, profesores, centros, entidades sociales y administraciones.
Asimismo, cree necesario promover un modelo de excelencia educativa basado en las mejores prácticas de cada comunidad, dotar a las consejerías autonómicas de presupuestos "crecientes" y velar por la eficiencia de los mismos, más proyectos de 'iniciativa social' y facilitar la libre elección de centro escolar a los padres.
