El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, mantiene que las ayudas que se concedieron al sector naval entre 2005 y 2011 son ilegales, y que los inversores deberán devolverlas, aunque no los armadores y astilleros.

Almunia señaló que desde que Bruselas determinó en 2006 que el sistema francés de ayudas, muy similar al español, era incompatible con el derecho comunitario, España debería de haber "tomado nota" y cesado de conceder estos beneficios fiscales.

Tras reunirse con una delegación española encabezada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, el vicepresidente de la CE explicó que ha suavizado su posición, de modo que la devolución de ayudas afectará a los inversores, pero no a los armadores y los astilleros.

Soria, por su parte, consideró que no es suficiente "la modificación de la posición del vicepresidente Almunia". El ministro español subrayó que pide que no se exija a España "devolver las ayudas desde 2005 a 2011, sino sólo desde 2011 hasta la actualidad", ya que de lo contrario el daño para el sector y la industria española sería "irreversible e irreparable".

Almunia sostiene que se deberán devolver estos incentivos, pese a las alegaciones presentadas por el sector y defendidos hoy por la delegación española de que no existía una certeza antes de 2011 de que el sistema español del llamado "tax lease" fuera incompatible con las normas europeas.

"Desgraciadamente, los argumentos de seguridad jurídica se pueden utilizar, pero no se pueden estirar ilimitadamente", señaló Almunia. "El sistema español siguió funcionando a pesar de que un sistema análogo como el francés fue declarado incompatible", reiteró y también precisó que "una vez que la CE da certeza jurídica de cuál es la posición, qué ayudas son incompatibles con la legislación europea, hay que tomar nota de eso".

El vicepresidente de la CE indicó que durante la reunión ha expuesto a la delegación española "las modificaciones que introducidas en estos últimos días con argumentos jurídicos" flexibilizan la propuesta de devolución de ayudas. "Hemos visto que se puede excluir de la responsabilidad de devolver las ayudas a los armadores, a los compradores de los buques, los astilleros no tienen ninguna responsabilidad de la devolución de ayudas, sólo quedan los inversores", dijo.

Almunia dijo que el monto total de las ayudas deberá ser calculado por el Gobierno español, tras estudiar quiénes se beneficiaron de las ayudas y en qué medida, y rechazó hacer una estimación sobre el monto total. "Nunca he formulado ninguna estimación del volumen de ayudas y además creo que es un error, aquellos que están hablando de cifras de ayuda me parece que están cometiendo un serio error", dijo.

Almunia recordó que la decisión de la CE supondrá "una devolución de los inversores al Gobierno español; (las ayudas) no vienen a Bruselas, van a la caja de la hacienda pública española".

Además, destacó que España cuenta con un nuevo sistema de incentivos fiscales para el sector que "responde plenamente con todo tipo de certezas y garantías con las normativas comunitarias, y espero que haya inversores y que haya actividad en ese sector".