El escándalo de las preferentes, accionistas que lo han perdido o lo van a perder casi todo, cientos de miles de familias desahuciadas... simplemente, "la reputación de la banca española ya no podía soportar otro frente de conflicto social". La reflexión, de un directivo del sector financiero que prefiere guardar el anonimato, explica claramente por qué entidades completamente quebradas y con miles de millones en ayudas han pasado por alto las posibilidades que les ofrecía la reforma laboral y han optado por pactar indemnizaciones de auténtico lujo para los afectados por los expedientes de regulación de empleo (ERE) que han puesto en marcha.
Muy lejos de los 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades que les hubiera permitido la nueva legislación „y que en el resto de sectores ya se está aplicando de forma masiva„, los responsables de entidades como el Sabadellcam, Bankia, el Banco de Valencia o, esta misma semana, Novagalicia han acordado con los sindicatos generosas prejubilaciones que permitirán a los afectados seguir cobrando alrededor del 80% de su sueldo hasta que cumplan los 63 años, o bajas indemnizadas que se sitúan entre los 30 y los 35 días por año trabajado más una prima de enganche que puede alcanzar los 30.000 euros y una aportación extraordinaria en concepto de antigüedad.
Incluso en las bajas obligatorias „que sólo se pondrán en marcha si no hay suficientes voluntarios„ las cantidades ofrecidas siguen triplicando en la mayoría de los casos el mínimo legal y se acercan mucho a los establecidos para los despidos improcedentes.
23 años sin huelgas
Se trata de una política que siempre ha seguido el sector y, de hecho, antes de que se pactaran estos ERE la indemnización media por despido en la banca ya era muy superior, de 39.814 euros, a la que se registraba en el conjunto de actividades económicas, situada en 7.777 euros, según los últimos datos facilitados por la encuesta de coyuntura laboral que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos al tercer trimestre del año pasado.
Tanto es así que, antes de la protagonizada la semana pasada por los trabajadores de Novagalicia, habría que remontarse al año 1990 para encontrar otra huelga en una entidad financiera española.
"Somos una actividad muy sensible a la opinión pública porque nuestra materia prima es la confianza de los clientes y es muy fácil que se marchen", señala el directivo antes citado, que recuerda las enormes fugas de depósitos que han registrado las cajas nacionalizadas.
"El sector ha sufrido mucho"
"Con la que está cayendo en España es difícil explicar que se estén pagando estas indemnizaciones en entidades intervenidas pero el sector ha sufrido mucho, se le ha responsabilizado de la crisis, de los desahucios... se le ha demonizado y ahora se quiere evitar más ruido", asegura, por su parte, el catedrático de análisis económico de la Universitat de València y una de las voces más autorizadas en el sector financiero Joaquín Maudos.
No obstante, el también investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas (IVIE) se plantea hasta qué punto se podrá mantener la situación cuando, a pesar del enorme ajuste realizado hasta el momento -en toda España han cerrado 6.600 sucursales y cerca de 30.000 trabajadores han abandonado el sector-, "todavía queda una gran parte del recorte por hacer".
Al respecto, Maudos recuerda que el negocio bancario seguirá cayendo en los próximos años ya que una de las claves para la recuperación es que empresas y familias logren reducir sus deudas, lo que significa una disminución del crédito y menos ingresos para las entidades.
La presión de Bruselas
Las buenas condiciones de los expedientes de regulación de empleo también sorprenden teniendo en cuenta la estrecha vigilancia que la comisión europea mantiene sobre las entidades que han recibido ayudas.
Desde el Fondo de Reestructuración ordenada Bancaria (FroB), que sigue controlando Bankia, novagalicia y el Banco de Valencia, se llegó a filtrar a los medios durante la negociación que Bruselas estaba exigiendo la aplicación a rajatabla de la reforma laboral, lo que obligó al comisario de la competencia, el español Joaquín Almunia a salir para desmentirlo ante la opinión pública.
Lo cierto es que el ejecutivo de la Unión Europea no impuso condiciones tan concretas pero sí marcó estrictos planes de negocio en donde se señalaban los ahorros que había que conseguir y los costes de reestructuración que podían asumir las entidades financieras en esas situación.
Esto significa que si las entidades han optado por abrir la mano con los despidos para evitar el conflicto social, ahora deberán buscar qué otras partidas pueden recortar para compensarlo.
