El Banco Santander se convierte en la primera gran entidad que anuncia su adhesión al Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno con el fin de frenar los desahucios en familias con riesgo de exclusión social.
Además, el grupo que preside Emilio Botín explica en un comunicado que mantiene la medida de moratoria hipotecaria que anunció el pasado verano y con la que asegura que ha dado soluciones a 9.820 familias con hipotecas por un total de 1.634 millones.
El Código de Buenas Prácticas se incluye en el real decreto-ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado.
La norma establecía la adhesión voluntaria, durante un periodo de al menos dos años, de las entidades financieras a dicho código y en los últimos días otras instituciones de menor tamaño que el Santander, como Cajamar o el grupo de rurales CRM anunció también que se apuntaban.
Se espera que a principios de abril se conozca el listado de las entidades que se han sumado y que, según ha reconocido públicamente el Gobierno, espera que sean muchas a pesar de las reticencias que ha recibido en el sector financiero.
Las familias que se encuentren en situación extrema, es decir con todos sus miembros en paro y con escasos ingresos que se dedican al menos en un 60 % a la cuota hipotecaria, podrán refinanciar el préstamo con el que adquirieron su única vivienda, que no podrá valer más de 200.000 euros en las grandes ciudades ni más de 120.000 en los núcleos más pequeños.
Con la refinanciación, las familias obtendrán cuatro años en los que sólo pagarán intereses, podrán alargar el plazo de su hipoteca hasta un máximo de 40 años y pagarán un interés de euríbor más 0,25 puntos.
Si después de estas medidas la cuota a pagar se sigue llevando el 60 % de los ingresos con que cuenta la familia, el cliente podría pedir a su banco que estudie si aplica una quita de parte del capital pendiente de pago.
Si no recibe el visto bueno de la entidad o aún obteniéndolo, la familia es incapaz de pagar su cuota, podrá entregar la vivienda al banco y saldar con ello su deuda, teniendo la opción de permanecer en el inmueble en alquiler al menos dos años.
En paralelo al Código de Buenas Prácticas, el Banco Santander incide en que mantendrá su moratoria hipotecaria para que las familias que han visto reducir sus ingresos o en las que uno de sus miembros esté en paro puedan aplazar el pago del capital durante tres años sin variar las condiciones financieras.
CatalunyaCaixa se adhiere al Código de Buenas Prácticas de la banca
El consejo de administración de CatalunyaCaixa ha aprobado la adhesión al Código de Buenas Prácticas impulsado por el Gobierno con medidas para paliar el problema de los desahucios en familias en riesgo de exclusión social.
La adhesión a este código es voluntaria para las entidades bancarias, aunque una vez suscrito, como es el caso de CatalunyaCaixa, es de obligado cumplimiento.
La banca que asuma el código deberá primero ofrecer una refinanciación más asequible de las hipotecas, y si aún así no se resuelve el problema de impago podrá proceder a la dación en pago -que la entrega de las llaves de la vivienda sirva para saldar la deuda con el banco-, siempre y cuando permita a la familia permanecer en la casa, con el pago de un alquiler bajo.
En este sentido, CatalunyaCaixa ha informado de que ofrecerá a sus clientes hipotecarios en riesgo de exclusión un alquiler social de dos años tras la dación.
"La vocación de la entidad es siempre la de anticiparse a los problemas de las familias con agilidad y eficacia y, desde 2008, ha estado aplicando medidas similares a las ahora establecidas en el Código de Buenas Prácticas", señala la entidad.
CatalunyaCaixa asegura que desde hace tiempo ofrece una amplia gama de soluciones de flexibilización de la hipoteca para ajustar la cuota a la capacidad de pago del cliente y conseguir así que los titulares mantengan la propiedad de la vivienda.
"El último recurso es la aplicación de la dación en pago o la transformación de la hipoteca en un contrato de alquiler", subraya la entidad financiera.
Sólo durante 2011, añade, ha flexibilizado las cuotas de los préstamos a más de 12.000 familias y, desde el inicio de la crisis, ha transformado la hipoteca en un contrato de alquiler a más de 1.850 clientes, mientras que ha aceptado unas 6.500 daciones en pago.
De acuerdo con el Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno, podrán acogerse a esta opción aquellas familias cuya vivienda objeto de embargo sea la única propiedad del hipotecado y no valga más de 200.000 euros en las ciudades con más de un millón de habitantes; 180.000 euros en las de más de medio millón; 150.000 euros si supera los 100.000 ciudadanos y un límite de 120.000 euros en las poblaciones de menos de 100.000 habitantes.
Además, para considerar que una familia esté en riesgo de exclusión social debe tener todos sus miembros en paro, sin ingresos ni actividad económica y sus cuotas hipotecarias sean superiores al 60 % del conjunto de sus ingresos.
Antes de aceptar una dación en pago, CatalunyaCaixa tratará de reestructurar la deuda del cliente, y si aún así la familia es incapaz de pagar la hipoteca, procederá a estudiar la realización de una quita.
El último recurso será siempre la realización de una dación en pago como medio liberatorio de la deuda.
En este último caso, tal y como establece la normativa, la entidad ofrecerá la opción de permanencia en el domicilio durante dos años con un alquiler anual del 3 % de la deuda pendiente.
