La ratificación del tratado que firmarán este viernes los jefes de Estado y de Gobierno de 25 países de la UE para consagrar la disciplina fiscal en sus normativas nacionales necesitará de nuevo un largo proceso de ratificación, si bien menos incierto que otras veces, pese al referéndum que celebrará Irlanda.
El anuncio irlandés, el pasado martes, ha causado menos inquietud en Bruselas que en otras ocasiones, ya que, a diferencia de otros tratados, éste no requiere la ratificación de todos sus miembros para entrar en vigor.
Desde que el Reino Unido decidió en diciembre quedarse fuera (después también optó por salir la República Checa), el texto fue redactado de forma que el tratado podrá entrar en vigor si lo ratifican doce de los diecisiete países del euro.
Por ello, y si bien Irlanda ha rechazado en referéndum en dos ocasiones tratados de la UE (solo para aceptarlos en una segunda consulta posterior), un hipotético resultado negativo de la futura votación no supondría problemas para el nuevo texto.
Incluso así, aunque solo sea por una cuestión de demostrar unidad de acción, en Bruselas se confía en que los irlandeses votarán a favor.
Una destacada fuente comunitaria indicó a Efe que ratificar el tratado será necesario para acceder a las ayudas del próximo mecanismo permanente de rescate (MEDE) y que, al ser Irlanda un país bajo un programa de asistencia de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI), los votantes irlandeses deben reflexionar sobre la conveniencia de no rechazar el nuevo texto.
Además, recordó que los irlandeses votaron en contra del Tratado de Lisboa en 2008 en parte como protesta contra el Gobierno del entonces primer ministro, Bertie Ahern, mientras que el actual Ejecutivo de Enda Kenny está teniendo éxito en la recuperación de la economía, tras la grave crisis que sufrió el país.
Aparte del referéndum irlandés, las elecciones presidenciales de Francia y las legislativas de Eslovaquia impondrán por imperativo legal un freno al proceso de ratificación en ambos países.
Francia no iniciará los trámites hasta después de los comicios del 22 de abril (segunda vuelta el 6 de mayo).
El por ahora favorito en las encuestas, el socialista François Hollande, ha recalcado que desea renegociar el texto, pero fuentes diplomática de Bruselas descartan esa idea como "puro electoralismo" e insisten en que el contenido del tratado no podrá renegociarse.
La ratificación tiene que someterse a las normas de cada país sobre el procedimiento a seguir y sobre qué tipo de mayoría parlamentaria es necesaria.
España, que requerirá una mayoría absoluta en el Parlamento que se da por hecha, ha señalado a la UE que el proceso podría completarse en tres meses una vez iniciado, un período que podría acortarse a un mes en caso de urgencia, más las dos semanas necesarias para aprobar el instrumento legal.
El calendario más largo se percibe en Alemania, Bélgica y Rumanía, países que esperan poder concluir el proceso para finales de 2012.
El caso belga es uno de los más complicados, ya que podría hacer falta que el texto sea aprobado no solo por las dos cámaras del Parlamento nacional, sino también por las asambleas de las tres regiones y de las tres comunidades lingüísticas del país.
Por ello, si bien nadie duda del resultado favorable en Bélgica, el proceso en este país será extenso y farragoso.
Las normas francesas hacen necesaria una mayoría de tres quintos en el Parlamento, una cifra similar a la que podría requerir Eslovaquia, mientras que en la mayor parte de los signatarios basta una mayoría simple.
Una de las posibles complicaciones que se han evitado es la de Dinamarca, donde la oficina del fiscal general señaló la pasada semana que no hará falta un referéndum, una consulta que podía ser complicada ante el euroescepticismo de buena parte de la población danesa.
El principal objetivo del acuerdo es obligar a los países a incluir de manera vinculante y permanente en sus legislaciones o constituciones la llamada "regla de oro", destinada a limitar el déficit estructural anual (sin incluir los gastos e ingresos de carácter cíclico) al 0,5 % del PIB.
