Más de un millón de arrendamientos de viviendas no están declarados a Hacienda, lo que representa un 55,4% del total, según el "Informe sobre alquileres sumergidos en España" de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) publicado hoy.

El informe -elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda- revela que más de dos tercios de los arrendamientos no declarados se concentran en Cataluña, Andalucía, y Madrid, mientras que La Rioja, Cantabria y Aragón son las que menos defraudan.

El estudio cifra en un mínimo de 3.000 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda, calculadas con las reducciones aplicables que no se han llevado a la base imponible del IRPF.

A juicio de este colectivo, el Plan de Prevención del Fraude "se estancó en 2008 sin resultados medianamente aceptables".

Así, si bien se contabilizaron 130.345 nuevos declarantes de viviendas alquiladas, el número de arrendamientos sumergidos se incrementó en 209.159 en comparación con el año anterior.

Además, el volumen de dinero defraudado aumentó en 473,2 millones de euros, es decir, un 19,3%, hasta los 2.926 millones.

Los Técnicos de Hacienda admiten que la reforma fiscal aprobada a finales de 2006 permitió que en 2007 afloraran casi 90.000 alquileres sumergidos, con una ligera reducción del fraude, que pasó del 57,1% al 54%.

Sin embargo, entre 2007 y 2008 los "alquileres negros" aumentaron en más de 1,3 puntos porcentuales (del 54% al 55,4%).

Para los Técnicos de Hacienda los alquileres aflorados lo han hecho por dos motivos: por un lado los 502.440 inquilinos que han utilizado por primera vez en 2008 la deducción del 10,05% por alquiler de vivienda habitual y, por otro, por los propietarios que se beneficiaron de la reducción del 100% de las rentas percibidas sin pago de impuestos.

Mientras que la causa de que el fraude aumentara puede responder, según Gestha, a la decisión de algunos ciudadanos de sumergir las rentas de sus alquileres al presentar su declaración de la Renta en junio de 2009, en un momento "económicamente muy delicado".

Además, Gestha atribuye estos datos al retraso de dos años en la aprobación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal y la demora de otros dos años más para su entrada en vigor.

Según el secretario general de este colectivo, José María Mollinedo, "si la Agencia Tributaria no es capaz de erradicar un fraude tan sencillo de descubrir, ¿cómo va a luchar contra el fraude de las grandes fortunas, de las sociedades instrumentales y de los paraísos fiscales?".