La CEOE consideró hoy lesiva la huelga general que los sindicatos han convocado para el 29 de septiembre contra la reforma laboral, que considera insuficiente a pesar de su tramitación parlamentaria, por lo que la patronal anuncia que intentará mejorarla con sus aportaciones.
Los órganos de gobierno de la CEOE, la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo, se reunieron hoy después del verano y aprobaron sus aportaciones sobre la revisión del Pacto de Toledo, sus propuestas sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2011 y analizaron la reforma laboral y la huelga general convocada por CCOO y UGT.
En rueda de prensa, el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, dijo que nadie ha pedido la dimisión del presidente Gerardo Díaz Ferrán y que este tema no se ha tratado porque no estaba en el orden del día.
De la huelga general, destacó que es "política" y está "alejada de los intereses empresariales", por lo que pidió al Gobierno que abra una "línea caliente" en la que los empresarios puedan comunicarle cualquier incidencia que impida a los trabajadores ejercer su derecho al trabajo.
En cuanto al seguimiento de la huelga, Lacasa dijo que no ve "gran entusiasmo" y que la CEOE será "activa" para que las empresas abran ese día.
Sobre la reforma laboral, Lacasa resaltó que, a pesar de las modificaciones introducidas en el Parlamento, no responde a las aspiraciones del mundo empresarial ni a las necesidades de la economía ni a las propuestas de los expertos y de los organismos internacionales.
La CEOE también aprobó hoy sus aportaciones para la futura reforma de las pensiones, entre las que destaca que las bonificaciones para incentivar la contratación las financien los Presupuestos Generales del Estado y no sean a cargo de las cotizaciones.
También apuesta por que se mantenga la posibilidad de jubilación anticipada con condiciones "flexibles" compatibles con la viabilidad de las empresas y pide que se reduzcan las cotizaciones en momentos de recesión y alto desempleo.
La CEOE pide sobre los presupuestos de 2011 que se recorte el gasto corriente y no el productivo, por lo que recomienda reducir la dimensión de las administraciones, incrementar la privatización de los servicios públicos y dejar de financiar las pérdidas de las empresas públicas, como las de las televisiones.
