El secretario general de UGT, Cándido Méndez, exigió hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que después de la huelga general del 29 de septiembre rectifique su política económica.

Durante su intervención en la Asamblea de delegados del sector servicios de UGT, Méndez respondió así a las declaraciones de Zapatero, quien desde Japón ha anunciado que "al día siguiente de la huelga" continuará con la misma actitud de diálogo con los sindicatos que ha mantenido hasta ahora.

Para Méndez, después de la huelga general "tiene que haber una rectificación de la política del Gobierno, porque así no se puede combatir la crisis". En su opinión, Zapatero "debería llegar a una conclusión" y es que "se ha desplomado su valoración política" mientras que el líder de la oposición, Mariano Rajoy, "no sale del agujero".

Afirmó que la huelga del 29 significará una expresión "muy rotunda, muy democrática y muy dura" de confrontación y de rechazo a la política del Gobierno en la que los sindicatos defenderán lo que hace un año y medio defendían "todos" a excepción del Banco de España y los grandes banqueros.

Ahora, añadió, "se asume" que los mercados financieros "están bien como están" y, una vez que los Estados han usado el dinero de los contribuyentes para sanear las entidades financieras, se trata de "desregular" el resto de los mercados, "incluido el laboral".

Advirtió al Gobierno de que "no hable de cambio de modelo productivo, ni de ley de economía sostenible" porque eso es "papel mojado". Para Méndez, una fórmula de competir con otros países sería el abaratamiento de los costes laborales, mientras que califica la política del Gobierno de "canto a la injusticia, a la impotencia y a la resignación".

Méndez arremetió contra la reforma laboral, porque "agranda" la posibilidad de acelerar "un proceso brutal de sustitución" de trabajadores con condiciones "más o menos dignas" por otros con escasas garantías laborales y también alertó sobre la de las pensiones.

En este sentido, se preguntó cómo se pretende alargar la edad legal de jubilación a 67 años en España cuando no se garantiza empleo para quienes tienen 45 años o cuando el índice de paro juvenil dobla la tasa europea.