La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) revisó este jueves y emitirá en unos días la resolución sobre los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia provincial de Burgos que condena a 38 años de cárcel a cada uno de los tres exjugadores de la Arandina por un delito de agresión sexual a una menor de 15 años. La Sala ha deliberado, votado y fallado sobre los recursos presentados por las partes, aunque la resolución no se hará pública de manera inmediata.

Aunque el pasado lunes, cuando estaba prevista inicialmente esta reunión de los magistrados, hubo una manifestación a las puertas del Palacio de Justicia a favor de los condenados y estaba prevista otra de apoyo a la víctima, que se suspendió, este jueves no ha habido muestras públicas de apoyo a las partes.

Carlos Cuadrado 'Lucho', Víctor Rodríguez 'Viti' y el zamorano Raúl Calvo, los tres ex jugadores condenados mantienen desde marzo de 2018 la situación de libertad provisional. El Ministerio Fiscal solicitó su comparecencia en diciembre para modificar su situación, pero la Sala decidió mantenerla, por no haber riesgo de fuga y porque en estos casi dos años han cumplido siempre las medidas que se les han impuesto.

Mientras Fiscalía, la acusación particular y la popular piden mantener la condena y el ingreso en prisión de los tres jóvenes, sus letrados defensores insisten en que los hechos denunciados por la menor nunca se produjeron y atribuyen su relato a una invención. Insisten en que se dé credibilidad al cuarto jugador de la Arandina que estuvo unos minutos en el piso y cuya versión consideran que contradice la de la denunciante.

Aunque también se insiste en los recursos de las defensas en que la menor aportó varias versiones diferentes de lo ocurrido, la Fiscalía coincide con la apreciación que se realiza en la sentencia condenatoria, en la que se atribuyen esas versiones a la falta de madurez de la víctima y a su deseo de parecer una mujer con experiencia.

Los letrados de las defensas recurren también la aplicación del principio de intimidación ambiental que hace que se condene a cada joven por un delito de agresión sexual y cooperación necesaria en las cometidas por los otros dos.