Andalucía será la primer comunidad autónoma en indemnizar a las mujeres que, durante la Guerra Civil y la posterior represión, fueron objeto de vejaciones por parte del bando franquista. El Gobierno andaluz aprobó ayer la concesión de esta indemnización que, por valor de 1.800 euros, podrán solicitar las afectadas presentando pruebas juradas o testimonios de terceros, que ante la falta de documentación serán considerados válidos para acreditar los hechos.
Pero no todo el mundo lo ha entendido así. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha criticado el decreto porque, a su juicio, divide a las mujeres «por su ideología». Más expeditivo ha sido el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, que considera esta acción «vomitiva», porque tasan la dignidad de la mujer.
