España es el país de la Unión Europea (UE) que más fondos comunitarios destina a programas orientados en exclusiva a la integración de gitanos en el período 2007-13, con un total de 47 millones de euros, según datos de la Comisión Europea (CE) conocidos ayer.
Sólo cinco de los Veintisiete miembros de la Unión Europea destinan programas de integración destinados únicamente a la integración gitana dentro de los proyectos del Fondo Social Europeo (FSE), cofinanciados por las autoridades nacionales.
Esos Estados miembros son España (47 millones), República Checa (43), Rumanía (38), Eslovaquia (26) y Polonia (22 millones), según las cifras incluidas en el informe que la CE debatió ayer sobre las expulsiones de gitanos que realiza Francia.
Los programas de esos cinco países totalizan 176 millones de euros para el período 2007-13, y tienen una financiación del 85% del FSE, con el 15% aportado por las autoridades nacionales.
Los restantes 22 países comunitarios, incluyendo Francia, no tienen programas de integración exclusivos para gitanos con apoyo del Fondo Social Europeo.
El presupuesto del FSE para el marco presupuestario comunitario de esos siete años totaliza 75.952 millones de euros, de los cuales 9.980 millones se destinan en 26 países de la Unión Europea a programas para grupos de población vulnerables, un capítulo en el que también se incluye a la población gitana.
Por otro lado, la Comisión Europea (CE) pidió ayer a Francia que aclare la legalidad de las expulsiones de gitanos en seis puntos concretos entre los que destaca las garantías a los menores y la presunta «voluntariedad» de algunas deportaciones.
Así lo explica el informe preliminar preparado por la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding; la de Interior, Cecilia Malmstrom; y el de Asuntos Sociales, Laszlo Andor. Bruselas, que emitirá su dictamen definitivo la próxima semana y podría llevar a Francia ante el tribunal de Luxemburgo, estudia si Francia ha sido «legal» al aplicar las excepciones de la directiva de Circulación que permiten deportar a un ciudadano de otro país de la Unión Europea (UE).
En primer lugar, pide a Francia que demuestre que las expulsiones se han realizado caso por caso y no de forma colectiva, y todo ello con garantías procesales como una orden escrita y un preaviso de al menos un mes.
También exige que hayan concurrido las excepciones concretas de que los expulsados fueran una amenaza para el orden público y la seguridad o una carga para la seguridad social por su falta de recursos.
Asimismo, ha solicitado a Francia información sobre los retornos que Francia ha llamado «voluntarios», en los que se ofrecían 300 euros por adulto y 100 por niño.
En cuarto lugar, exige que ningún caso se pueda probar que las expulsiones no han tenido una base discriminatoria basada en la etnia o raza. Otro parámetro que investiga la CE es el cumplimiento de todos los derechos y medidas previstos por el derecho internacional para salvaguardar los niños. Y finalmente, la CE sólo dará el visto bueno si Francia registra las identidades de los expulsados.
