UCCL se querella contra la Lonja de Zamora para dirimir presuntas responsabilidades por los bajos precios
La organización agraria espera que la demanda aclare si "ciertas personas se están enriqueciendo" y que sea el detonante para que la entidad cese su actividad

Antonio Rodríguez y Maruja Marcos anuncian la presentación de la querella contra la Lonja de Zamora. / M. J. C.
La organización agraria UCCL Zamora se querellará contra la Lonja Agropecuaria de para dirimir presuntas responsabilidades a la hora de fijar unas cotizaciones a la baja, en comparación con las que se marcan en las de otras provincias, situación que se prolonga desde hace casi dos años y que "está perjudicando" a los productores.
Así lo ha anunciado este martes el presidente de UCCL Zamora, Antonio Rodríguez, quien ha justificado la decisión de presentar la querella ante la Guardia Civil en la posibilidad de que “ciertas personas”, presuntamente, “se están enriqueciendo” al establecer unos “precios bajísimos” que ocasionan pérdidas a los productores.
Recordó Rodríguez que desde hace casi dos años tan solo cotiza la mesa de porcino (lechones, tostones y porcino de cebo) y que los precios los marcan representantes de una cooperativa zamorana y de compradores, excluyendo a los productores.
Por este motivo, en la querella UCCL Zamora denunciará a la Lonja de Zamora como “institución” aunque, como matizó Rodríguez, es gestionada por una junta directiva por lo que, si es admitida la demanda, también tendrá que ofrecer explicaciones sobre las cotizaciones a la baja y qué criterios sigue para establecerlas. "¿Por qué se está marcando esa diferencia de precios?" o "¿por qué solamente el porcino es el único producto que sigue en la Lonja de Zamora?" son algunas de las preguntas que se plantea la organización agraria y que espera que sean respondidas por la junta directiva si, finalmente, la querella llega a la vía judicial.
Rodríguez justificó la necesidad de que se aclaren ciertos aspectos del funcionamiento de la entidad en que, tras realizar una comparación con las cotizaciones de otras cercanas, UCCL ha comprobado que en el caso de Zamora los precios de referencia son un 30 o un 40% más bajos, con el consiguiente impacto económico para la rentabilidad de los productores.
En este punto, remarcó que los más perjudicados son los “ganaderos libres”, ya que tienen que ajustar el precio de sus productos a los que establezca la Lonja de Zamora, porque no pueden venderlos a los que se fijen en otras cercanas como la de Salamanca.
Una vez interpuesta la querella, UCCL Zamora confía en que sea admitida a trámite por la autoridad judicial y que, además de dirimir responsabilidades, sea el “detonante” para que la Lonja de Zamora cese su actividad. De hecho, Rodríguez se mostró partidario de que la entidad “desaparezca” porque, desde hace tiempo, “está desequilibrada” y no están representadas todas las partes.
No obstante, aclaró que la organización agraria no se opone a la existencia de las Lonjas, pero considera que en casos como el de Zamora debería cerrar sus puertas hasta que, en un futuro, pueda retomar su actividad con “unos cimientos claros” y con una representación equitativa de productores y de compradores, porque “sería la única manera de que se establecieran unos precios más o menos justos”.
Además, reconoció que la querella también es una “medida de presión” para dar visibilidad a la forma de gestionar la Lonja Agropecuaria, en la que se marcan precios muy por debajo de los que se establecen en otras provincias, al margen de que otros no cotizan desde hace tiempo, como es el caso de los cereales y del ovino. En este sentido, recalcó que, tal y como funciona en la actualidad la Lonja de Zamora, "no sirve" porque, al margen de fijar unos precios "injustos", tan solo "marca una parte del interés", en alusión a los compradores.
Por último, Rodríguez aseguró que, si desaparece la Lonja de Zamora, los precios de referencia serán los que marquen otras cercanas, lo que puede beneficiar a los productores que, desde hace tiempo, sufren las consecuencias de las bajas cotizaciones que, para UCCL responden a “ciertos intereses ocultos” que podrían ver la luz si finalmente la demanda es admitida en vía judicial.
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