Ecologistas y Fondo Lobo recurren ante los tribunales el informe "favorable" del estado de conservación del lobo

Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contra el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que declaró "favorable" el estado de conservación del lobo ibérico en las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea al considerar que “que una especie deje de estar protegida no puede decidirse a golpe de votos autonómicos, sino con datos.

El acuerdo, rubricado el 22 de junio a propuesta de Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria y el voto contrario del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, abre la puerta a intensificar la caza de la especie. Para el portavoz de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, el informe técnico del ministerio reconoce que la ficha impuesta por estas cuatro comunidades autónomas “adolece de justificación científica”, de forma que no se trata de “un desacuerdo técnico legítimo”, sino de “la imposición de una mayoría política sobre la evidencia científica”.

En opinión del portavoz del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, Ernesto Díaz, de este posicionamiento “subyace el propósito de matar lobos con cobertura legal” ejemplificando los casos de Cantabria (que “entre 2025 y principios de 2026, mató más lobos de los que marcó su propio plan”, apunta) y Asturias al abatir “decenas de ejemplares, entre ellos hembras gestantes y cachorros”.

Actualmente, el lobo ibérico cuenta con una población estimada de 333 manadas, un número que se sitúa "lejos de las 500 unidades reproductoras que la comunidad científica internacional considera necesarias para garantizar su viabilidad genética a largo plazo", recuerdan en un comunicado.

Las organizaciones ecologistas ahondan aún más al apuntar que “buena parte de su área de distribución histórica permanece sin recuperarse y la población de Sierra Morena, la más meridional de Europa occidental, se extinguió hace apenas una década”, por lo que cualquier declaración apuntando a un estado favorable de conservación resulta “cuanto menos, imprudente”.

Los letrados de ambas organizaciones, Jaime Doreste Hernández y Sara González Merinero, remarcaron que el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “han dejado claro que no se puede autorizar la extracción de una especie mientras su estado de conservación sea desfavorable”. De esta forma, “si se remite este informe sexenal a Bruselas, contrario a la mejor evidencia científica, ese único obstáculo legal frente a la caza del lobo desaparece de la noche a la mañana”.

"Todas las herramientas legales"

Oberhuber considera que “los tribunales han demostrado ser, una vez más, el último dique de contención frente a decisiones que la ciencia no respalda”, mientras Díez ha advertido que “vamos a seguir en los tribunales las veces que haga falta. Es lo que le debemos a una especie perseguida durante siglos y que, por fin, empezaba a recuperar, muy tímidamente, solo una parte de lo que arrebatamos”.