Ecologistas Zamora y Ascel denuncian en la Fiscalía de Zamora la muerte de un lobo abatido a tiros
Las asociaciones exigen a la Junta de Castilla y León que asuma su responsabilidad sobre este acto de furtivismo
Denuncian la falta de vigilancia en los cotos con los cazadores "campando a sus anchas día y noche, portando rifles, visores térmicos y reclamos"
El problema se agrava con la falta de instructores de las denuncias administrativas en materia de Medio Ambiente

Un Agente Medioambiental examina el cadáver del lobo abatido a tiros y encontrado en Puente Quintos / Cedida
I. G.
La reciente muerte por disparo de un lobo en Zamora, cuyo cadáver fue rescatado en aguas del Esla en Puente Quintos por Agentes Medioambientales de la comarca de Tábara, pone sobre los factores que conducen al furtivismo. Para Ecologistas Zamora y Ascel (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo ibérico), la falta de vigilancia en los recechos al corzo en los cotos privados de caza en Castilla y León, que carecen de guardias privados, unido al "más que deficiente sistema establecido para el control de su caza y a la permisividad en los controles del jabalí que permite la normativa de emergencia cinegética por peste porcina, son el caldo de cultivo perfecto para el furtivismo de lobos y otras especies".
La muerte de este ejemplar ha sido denunciada ante la Fiscalía Provincial de Zamora por un presunto delito contra la fauna.
Denuncian estas asociaciones que la "caza ilegal está contribuyendo de manera significativa al estancamiento poblacional de la especie en Castilla y León, provocando el exterminio de varios grupos reproductores y no permitiría el asentamiento de grupos nuevos en algunas zonas". Según un estudio de mortalidad realizado en la provincia de Valladolid y áreas limítrofes de Zamora, León y Palencia, se constató la cifra de 1023 lobos muertos en el periodo 1972- 2011, de los cuales el 73 % (746 ejemplares) fueron matados de forma ilegal (Barrientos, 2014).

Lobo abatidos a tiros en Zamora / Cedida
El furtivismo y los atropellos que recurrentemente sufre la especie en la comunidad "se han mantenido constantes los últimos años y están contribuyendo en la delicada situación que actualmente atraviesan los lobos" argumentan Ecologistas Zamora y Ascel. "Recordemos que el lobo es una especie vulnerable y la población ibérica continúa aislada del resto de poblaciones de Europa, al menos desde principios del siglo XX, ocupando en la actualidad aproximadamente una cuarta parte de su área de distribución histórica. Este aislamiento, junto con el drástico declive que ha sufrido su población desde el siglo pasado como consecuencia de la persecución humana, han derivado en una pérdida de diversidad genética, con las consecuentes altas tasas de endogamia actuales".
Destacan el lobo como "una especie clave" en la naturaleza y la presencia de poblaciones viables y funcionales en Castilla y León "debería ser un objetivo irrenunciable para los responsables políticos y gestores de su Administración". Cuestionan que, a pesar de que las poblaciones de lobos son muy sensibles a leves cambios en las tasas de mortalidad, "la Junta no está contribuyendo a la recuperación de los lobos ni en Zamora ni en el resto de Castilla y León, y de hecho, parece favorecer un escenario en el que no se persigue el furtivismo o incluso se favorece, a la vista de normativa reciente como la Orden MAV/1434/2025, en la que se autoriza la caza nocturna del jabalí prácticamente durante todo el año usando fuentes luminosas y dispositivos térmicos montados o no en el arma".
Son cientos los cotos de caza en Castilla y León donde, en los recechos de corzo y controles de jabalí, "los cazadores campan a sus anchas sin apenas vigilancia, día y noche, portando rifles, visores térmicos y reclamos. Además, en el caso concreto de la caza del corzo, con la nueva normativa publicada el 27 de marzo para el control de las capturas de la especie, parece querer favorecerse el fraude que supone legalizar ejemplares abatidos ilegalmente, dificultando el control y la fiscalización de la actividad por Agentes del Seprona y Agentes Medioambientales".
Si a esta "delicada situación" actual le añadimos la "falta de instructores de las denuncias administrativas en materia de Medio Ambiente en muchas provincias de la comunidad, ya ni siquiera estaríamos hablando de un asunto de "dejación de funciones" de una Administración pública, sino de un presunto delito de prevaricación por omisión por parte de los responsables de dicha Administración".
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