Ecologistas Zamora denuncia que la Junta "conculca" el derecho a presentar alegaciones a las plantas de biogás

Ecologistas Zamora ha denunciado públicamente que la Junta de Castilla y León "quebranta derechos ciudadanos" por reclamar a las personas que presentaron alegaciones contra las plantas de biogás previstas en la provincia por motivos medioambientales que demuestren su "condición de interesadas". Ante esta situación, el colectivo estudiará elevar una queja a la Consejería de Medio Ambiente y acudir al Procurador del Común , ya que, en su opinión, las "trabas"administrativas tratan de impedir el buen uso de los derechos democráticos".

El colectivo ha asegurado que, según la ley, cualquier persona está legitimada para presentar alegaciones "sin necesidad de demostrar un interés personal o particular en los proyectos". En este sentido, recalcó que la exigencia de demostrar la condición de persona interesada es a una "manera antidemocrática de quitarse de encima" las numerosas alegaciones que se han presentado a los diferentes proyectos de biogás que, además, está provocando, que muchos de los ciudadanos que alegaron "prefieren desistir antes de volver a enviar papeles a la administración".

Ecologistas Zamora ha tenido conocimiento de estas dificultades a través de sus socios, aunque también se ha formulado el mismo requerimiento a asociaciones que defienden el medio ambiente, como Zamora Viva.

En este punto, el colectivo ha recordado que la legislación española protege el derecho a participar en procedimientos administrativos ambientales, incluso en defensa del interés público y general. Por una parte, la Ley 27/2006, de 18 de julio regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, mientras que la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP), en su Artículo 4, reconoce como interesados a quienes ostenten intereses legítimos, individuales o colectivos, siendo la defensa de la legalidad ambiental un interés legítimo colectivo que puede ser ostentado por cualquier persona.

Además, el Convenio de Aarhus, de obligada aplicación en España, garantiza el acceso a información, participación pública y justicia tanto para ciudadanos como para ONGs y comunidades, y tiene como fin asegurar un medio ambiente saludable para generaciones actuales y futuras.

Derechos ambientales

De acuerdo con esta legislación, Ecologistas Zamora "no comprende" la actuación de la Junta de Castilla y León, "a no ser que con sus escritos a particulares y asociaciones pretenda conculcar derechos ambientales clave, lo cual implicaría un nulo sentido democrático y un clamoroso desconocimiento de lo que significa proteger la participación ciudadana en asuntos que atañen a toda la población y al medio natural".

En las alegaciones presentadas, según el colectivo, existen motivos suficientes para comprender que la alegación se realiza por motivos medioambientales, pues en ellas aparece como cuestión principal la contaminación de los suelos y del aire a causa del empleo de residuos de origen animal.

Por este motivo, recalcó que, si la Junta "considera lo contrario", debería presentar informes que demuestren que se trata de industrias inocuas, "pero está claro que desde el mismo momento en el que los proyectos se ven obligados a declaración de impacto ambiental surgen dudas sobre este punto, por lo que es absolutamente razonable y legítimo que cualquier ciudadano pueda presentar alegaciones".

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