Plataformas contra el biogás en Zamora se suman a una querella penal contra la Junta

Asociaciones y plataformas contra el biogás de Zamora respaldan la querella penal que la Asociación Stop Biogás Castilla y León interpondrá de forma inminente contra el Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental y los diferentes Jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y prevaricación urbanística.

Estos supuestos delitos por errores técnicos y de carácter técnico en la tramitación de 54 proyectos de biogás en la comunidad podrían conllevar penas de inhabilitación e incluso de cárcel.

Así lo ha anunciado este lunes la Federación Zamora en Pie, a la que pertenecen cinco de los ocho colectivos de la provincia que han decidido sumarse a la querella contra la administración regional gestionada por el PP. Y es que la "avalancha de proyectos de biometano" previstos en la comunidad, vecinos de diferentes provincias de la comunidad han decidido "unirse y luchar" para defenderse de lo que consideran una amenaza "destructiva" y real.

"Impedimentos continuos"

Un total de 21 asociaciones y plataformas han acordado, tras "apurar todas las alternativas posibles", y después de trasladar al Gobierno de Castilla y León la información que han ido recabando sobre una industria que califican de "mortal", han decidido acudir a la vía judicial tras comprobar que la administración regional "ha puesto impedimentos continuos a la población en el acceso a los proyectos de biogás y ha dificultado la presentación de alegaciones que, además, ha acabado ignorando".

Del mismo modo, reprochan a la Junta su "nulo interés" por conocer más información sobre las plantas de biogás que "la publicitada por las empresas", al margen de negarse a considerar "los gravísimos inconvenientes que representaría esta industria para la población".

La abogada que representará los intereses comunes de las diferentes asociaciones y plataformas, Pilar Calvo, fundamentará la querella en la normativa que se está teniendo en cuenta para las plantas de biogás, que es la del sector porcino, en la que se establecen distancias de 500 metros entre explotaciones, premisa que "no se cumple en algunos de los casos de los casos del biogás". Del mismo modo, la demanda reflejará que, en distintos proyectos, tampoco se cumplen la distancia a núcleos urbanos y a otras instalaciones como gasolineras.

Planes de emergencia

Otros motivos son que no existen planes en los proyectos para casos de fugas o explosiones, que no se exige una justificación sobre dónde van a conseguir la materia prima ni dónde van a depositar "enormes cantidades" de digestato hasta que las plantas ya estén construidas o que algunas de las instalaciones previstas no cumplen con la edificabilidad permitida.

Además, la abogada incidirá en que estos proyectos tienen que pagar la tasa correspondiente cuando se presenta la solicitud de autorización ambiental integrada, tasa que asciende a unos 2.900 euros, además del 1% del valor del proyecto. Sin embargo, como remarca, en la mayoría de empresas su capital social es de 3.000 euros, lo que implicaría que no contarían con la cantidad suficiente para hacer frente al pago de las tasas.

Las últimas razones en las que se fundamentará la querella es que está previsto construir megaplantas que, en un radio de 15 kilómetros, no tienen acceso a la materia prima para abastecerse ni disponen de espacio para echar el digestato en un radio de 30 kilómetros.

Por último, la abogada advierte de que si a las empresas se les denegara el desarrollo de esta actividad por incumplir esas condiciones, podrían solicitar responsabilidad patrimonial a la Administración regional por haberles concedido unas licencias y "después no permitirles funcionar".

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