Castilla y León y otras seis comunidades remiten a la UE el informe sexenal sobre el "estado favorable" del lobo

El Gobierno de Cantabria, con la implicación de País Vasco, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León, ha remitido la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, el informe sexenal de conservación favorable del lobo que el Gobierno de España aún no ha enviado y que “incumple”, según estos ejecutivos, sus obligaciones con la Comisión Europea y con la legislación nacional, según fuentes consultadas por Ical.

La misiva estuvo acompañada de una certificación del informe sexenal sobre el estado de conservación favorable del lobo en España, emitido por la Comité de Flora y Fauna Silvestres, órgano colegiado adscrito a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y del que forma parte el Gobierno de España.

La carta de la consejera se remite en nombre de todas las comunidades autónomas que participaron el pasado día 30 de enero en un encuentro en Santander, en el que denunciaron la “rebeldía” del Gobierno de España en el cumplimiento de la obligación que le impone el artículo 17 de la Directiva Hábitats 92/43/CEE de comunicar cada seis años a la Comisión Europea el Estado de conservación en España de las especies silvestres protegidas por dicha Directiva, incluido el lobo, y que correspondía remitir antes del 31 de julio de 2025 respecto al período 2018-2024.

Las comunidades autónomas participantes en el encuentro emitieron un comunicado (apoyado por Andalucía, Valencia, Murcia, Canarias, Baleares y Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), comunicado que también ha sido remitido a la Comisaria Europea.

Incumplimiento

Está comunicación y la documentación remitida a la comisaria europea es “obligada por la negativa obstativa y reiterada del Gobierno de España a cumplir con mencionada obligación de remitir el informe sexenal antes de la fecha indicada, y que no ha hecho”. En el comunicado emitido por las comunidades, tras la reunión de Santander, se ponen de manifiesto las acciones desplegadas por el Gobierno de España para no remitir el informe.

Recordaron que estaba señalada una Conferencia Sectorial el día 18 de julio de 2025 para proceder al acuerdo de remisión del informe favorable de conservación del lobo que había elaborado el Comité de Flora y Fauna de la Comisión Estatal, pero dado que el Gobierno “no quería remitirlo, desconvocó esa Conferencia Sectorial sin motivo justificado y tampoco convocó una nueva”, que le pidieron el número de comunidades previsto para hacerlo en el reglamento de dicha Conferencia Sectorial.

“La posición del Gobierno es impedir que se haga efectiva la modificación que se ha producido en la Directiva Europea del régimen de protección del lobo y que ha supuesto flexibilizar su régimen jurídico de protección confiriendo a las comunidades autónomas españolas la capacidad de gestionar la especie en todo el territorio nacional”, comentan las autonomías, algo que se ratificó con la modificación introducida por el Parlamento español en la ley 1/2025, de 1 de abril, que conllevó sacar al lobo del listado LESPRE de especies de protección especial, pero cuya efectividad está condicionada por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de julio de 2024 según la que, con independencia del régimen de protección de la Directiva en la que se encuadre el lobo y de la normativa nacional, “no se puede hacer gestión extractiva de individuos de lobo si su estado de conservación, de acuerdo con los informes sexenales, es 'desfavorable', y además dificulta la capacidad de realizar controles por daños a la ganadería”.

Equilibrio

Decidido el Gobierno a “impedir” que las comunidades autónomas gestionen la especie y “busquen el equilibrio entre la conservación de la misma y la ganadería, y desoyendo el informe técnico científico público” aprobado por la Comisión de Flora y Fauna de la Comisión Nacional de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (órgano estatal), “de forma desesperada ha entrado en la dinámica obstructiva e incumplidora de la normativa europea y española para conseguir su objetivo, sin importarle los importantísimos daños que se están produciendo en las ganaderías en el medio rural, en su supervivencia y la de la población en nuestros pueblos, que exigen una gestión equilibrada de la especie, que el gobierno español quiere impedir”.

Hay que recordar que la Comisión Europea ha iniciado acciones formales contra el Reino de España en relación con la gestión y protección del lobo ibérico en enero de 2026, abriendo un expediente de infracción (carta de emplazamiento) por no remitir el reiterado informe sexenal, que no sólo es de la especie lobo, sino de todas las especies protegidas por la Directiva. “El Gobierno ha faltado a la verdad manifestando que se le había concedido una prórroga en el plazo, inexistentes, buena prueba de lo cual es la apertura del expediente de infracción”, coinciden las comunidades.