Cruce de reproches en la aprobación de la ordenanza de limpieza de solares

La aprobación de la ordenanza Reguladora de limpieza de terrenos y solares en suelo urbano en el Pleno de Puebla estuvo marcada por la confrontación dialéctica entre el Grupo popular y el equipo de Gobierno socialista. La propuesta, al igual que la ordenanza fiscal reguladora de vehículos, fue respaldada por unanimidad de los Grupos PSOE, PP y Futuro.

El portavoz del PP, Gustavo Alonso, abrió las intervenciones y trasladó el apoyo pero señaló el retraso "llevamos casi seis años" en adoptar medidas para obligar a los propietarios a limpiar los terrenos, con el rechazo del PSOE alegando que "no se puede obligar a la gente" y "ahora es obligatorio".

El portavoz socialista, Pedro Castronuño, contestó con un "no" a esa argumentación de la oposición. El alcalde José Fernández apuntó a que "son los mismos años que venimos pidiendo amparo a la Diputación provincial". El texto de la ordenanza es "de la Diputación" que se ampara en determinados artículos de la Ley de Expropiación forzosa de 1954, para hacerla efectiva. El grupo socialista señaló los problemas para su aplicación que requiere una actualización del catastro, la concentración parcelaria y el censo de propietarios actuales, Alonso replicó que "la ley no ha cambiado y los titulares son los mismos" que hace seis años.

En cuanto al momento que se trae la ordenanza al Pleno, en afirmaciones del alcalde, "ha tenido que ocurrir el incendio para que la Diputación se ponga las pilas y todos los Ayuntamientos". Desde el Ayuntamiento, como señaló Castronuño "se mandan 50 o 60 cartas anuales para limpiar los solares" y que la aplicación "es muy mejorable".

José Ignacio Alonso de Prada, portavoz de Futuro, afirmó que su grupo tenía preparada antes de los incendios "una propuesta". Replicó al equipo de Gobierno que "si con ordenanza es difícil, sin ordenanza es imposible".

El grupo Popular preguntó en el turno de ruegos y preguntas por "el juicio de la residencia" en alusión a la demanda presentada contra el Ayuntamiento de 787.000 euros por la empresa titular de los terrenos. La contestación del alcalde fue "los abogados están hablando" sin concretar que el 9 de septiembre se celebró la audiencia previa donde se fijó la cuantía del pleito. José Fernández señaló que tiene una petición de reunión con la plataforma ciudadana que impulsa la recogida de firmas para tener una residencia. Fernández añadió que han presentado una propuesta "razonable" con diversas "fórmulas" como una entidad o fundación sin ánimo de lucro "para sacar adelante este problema". En este tema, el portavoz de Futuro pidió una declaración de apoyo institucional y la concejala Martínez "una fecha" de inicio.

Sobre el juicio de la Urbanización "El Pinar de Sanabria", la respuesta al Grupo Popular fue "igual" y "el seguro algo dirá", respecto a la reclamación patrimonial de casi un millón de euros.

La concejala no adscrita, María Martínez, interpeló sobre la supresión de las aulas senior de la UNED y la cantidad que se debe por los cursos anteriores. La contestación del equipo de Gobierno fue que no se firmó el convenio "porque no estaba bien hecho. No había participación de presupuesto de la UNED". Añadió además que el Ayuntamiento corría con todos los gastos. La concejala de Cultura, Luisa Velasco, señaló un ciclo de clases magistrales de enero a junio con 3 o 4 autores y "un calendario abierto y más económico y con más margen de acción para otros contenidos".

Para Futuro "se tienen que cumplir tres condiciones. Pagar lo que se debe, 35.000 euros, firmar el convenio y tener garantía de pagar". La cantidad pendiente "se va a pagar", en contestación del alcalde, pero al no estar firmado el convenio con la UNED hay que estudiar la forma de pago.

José Ignacio Alonso preguntó por la rescisión de la concesión del servicio del camping municipal a partir del 1 de noviembre, y que termina en junio de 2026, por "desavenencias" que, al parecer, expone el concesionario. Para el alcalde no hay ninguna desavenencia y cuanto antes se hará la nueva concesión, además de "un nuevo informe de gastos para añadir a la licitación". Entre las condiciones que se barajan están alargar la concesión y dejar el canon a cero en los primeros años, condicionado a mejoras en las instalaciones por parte del adjudicatario. Alonso señaló la falta de inversión municipal en las instalaciones y motivo de "desavenencias" pese a que el canon anual es de 17.000 euros.

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