"Zamora en pie" denuncia el "embrollo burocrático" para presentar alegaciones a proyectos de biogás

La plataforma "Zamora en pie" ha denunciado públicamente las "trabas" a la participación ciudadana en el proceso de información pública de proyectos de instalación de plantas de biometano en la provincia.

Los dos últimos proyectos que salieron a información pública y que se pretenden desarrollar en Santovenia del Esla y Villardondiego, según la plataforma, "estaban capados" para "impedir su descarga e impresión", dificultando así el acceso y la divulgación "en vez de ser un ejercicio de transparencia y participación pública, como cuentan en los borradores de sus planes de desarrollo del biogás y de descarbonización, en los que hablan de una transición justa".

La plataforma también cuestionó la "estrategia" seguida en el caso de los proyectos previstos en San Cebrián de Castro y Santovenia del Esla, ya que a los centenares de personas que han presentado alegaciones, la Junta les ha notificado el requerimiento de documentación en un plazo de 10 días o, en caso contrario, las alegaciones podrían ser desestimadas.

Este requisito, como advirtió la plataforma, "hará que muchas de las alegaciones caigan en saco roto", ya que en el plazo de diez días "no todo el mundo va a poder o saber cómo solucionar este embrollo burocrático".

En este sentido, "Zamora en pie" recordó que en una reunión, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que "cualquier persona tenía derecho a presentar alegaciones".La realidad es bien distinta, ya que "ahora a la consejería no le parece tan buena idea y, de forma sistemática, ha mandado cartas certificadas a cada persona que alegó contra unos proyectos en los que, nos consta, existen bastantes deficiencias e irregularidades".

Por otra parte, la plataforma subrayó que la presentación de alegaciones es un procedimiento "muy necesario" para detectar deficiencias y comunicarlas a la empresa y a las administraciones, "que deberán justificar, subsanar y, si son de cierta entidad, desestimar la propuesta por no adecuarse a la legalidad".

Con la exigencia planteada ahora por la Junta, la plataforma constata que "sigue sin tener intención de escuchar a los ciudadanos que llevamos tiempo advirtiendo de las negligencias por parte de las administraciones y empresas que quieren sacrificar nuestro territorio para montar sus negocios sin tener en cuenta la opinión de las personas que lo habitamos".

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