UPA logra que no se paralicen titularidades compartidas de explotaciones agrarias por el certificado digital

La consejería de Agricultura de la Junta ha atendido la petición expresa realizada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) sobre los problemas detectados en Castilla y León relacionados con titularidades compartidas y el registro para su puesta en marcha.

La organización agraria trasladó el problema a la Junta, ante las dificultades que se estaban encontrando profesionales agrarios de Castilla y León para poder tramitar la solicitud de inscripción de una titularidad compartida, que es una figura jurídica de la explotación agraria a la que pueden acogerse aquellas parejas que comparten el trabajo y gestión. Esta figura permite que la administración, representación y responsabilidad de la explotación sea de las dos personas titulares, fomentando la igualdad entre ambas.

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Ante esta situación, UPA expuso a la consejería de Agricultura que lejos, de promover y favorecer igualdad real y efectiva de las mujeres en el medio rural, la burocracia administrativa estaba dificultando su gestión.

El origen del problema se basa en que para poder tramitar la solicitud de inscripción de una titularidad compartida es obligatorio disponer del CIP (Código Personal de Identificación) de la misma, por lo que esa titularidad tenía que estar previamente dada de alta en el registro de beneficiarios de la Junta de Castilla y León.

Registro de beneficiarios

Esta gestión de la obtención del CIP hasta hace unos meses se realizaba desde las Secciones Agrarias Comarcales, que daban de alta la titularidad compartida en el Registro de beneficiarios y se les adjudicaba un código para continuar con los trámites de alta.

Sin embargo, desde hace unos meses determinadas Secciones Agrarias Comarcales pedían a los titulares que ese número CIP lo tenían que solicitar con el certificado digital. La incongruencia es que las titularidades compartidas, como apunta UPA, no tienen certificado digital hasta que no están inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida del Ministerio de Agricultura, que se nutre de la información que al efecto suministran las comunidades, por lo que resulta imposible que puedan realizar el registro ni relacionarse con la Administración telemáticamente hasta que no están constituidas.

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Por tanto, según UPA, "se trataba de una incongruencia que era fácil de resolver, como se ha demostrado, con la simple directriz por parte de la Administración regional de que todas las Secciones Agrarias Comarcales realicen el trámite presencial, de la misma forma que venían realizando hasta no hace mucho tiempo, adjudicándoles físicamente a los demandantes el código CIP para que puedan realizar todas las gestiones oportunas".

La actuación de UPA exigiendo una solución a este problema "ha resuelto un grave imprevisto que generaba problemas a los titulares agrarios para la constitución de una titularidad compartida, y, por lo tanto, para la gestión de derechos, cuotas, subvenciones y resto de trámites para impulsar lo que es una titularidad compartida, que recordemos tiene como gran objetivo buscar la igualdad real y efectiva de las mujeres respecto a los hombres en el sector agrario".