Ribadelago. El calvario posterior (II)

La percepción de los supervivientes fue que la empresa les abandonó cuando más ayuda necesitaban. Comenzó ayudándoles con comida y poco más, pero después se desentendió, no admitiendo responsabilidad alguna en el desastre. Se desquitó pagándoles unas indemnizaciones miserables y no a todos, pues hubo familias que desaparecieron enteras, supervivientes que tuvieron que emigrar al quedarse sin trabajo y no recibieron nada, lo mismo que le ocurrió a una hija de padres no casados por considerarla “ilegítima”. Tras la rotura del dique, la empresa quiso solucionar lo antes posible (antes del juicio que se avecinaba) el tema de las indemnizaciones, consciente de que así se ahorraría mucho dinero.

Ribadelago, la destrucción más absoluta

Hizo todo lo que estuvo en su mano para que los afectados retiraran las denuncias, amenazando a los operarios con no cobrar sus salarios si no se avenían a un acuerdo impuesto por la empresa, mientras que al resto les amenazaba con no ver ni una peseta si no aceptaban las ridículas compensaciones que les ofrecían. Como muestra de la mezquindad de la que hizo gala la empresa, el presidente del consejo de la misma se dirigió al gobernador civil zamorano para exponerle su “buena voluntad”, ofreciéndose a compensar económicamente a las familias afectadas.

Ribadelago, la destrucción más absoluta

Pero no como una obligación, sino como una proposición desinteresada más que generosa, refiriéndole que los afectados ya habían conseguido comida, ropa y otros enseres gracias a la ayuda de los militares norteamericanos y a la suscripción popular, tildando a los damnificados de codiciosos. Advertía además que impugnarían cualquier resolución que les exigiera un pago superior al que ellos proponían. El abogado de las víctimas era intimidado telefónicamente con la ruina de su carrera profesional. Cuando se acercaba a Ribadelago para recabar información, era “escoltado” por un par de guardias que impedía el acercamiento de los vecinos.

El asedio al que era sometido, que era público y notorio, supuso que le resultara muy complicado conseguir peritos para defender sus peticiones. Aun así, la tenacidad del letrado dio sus frutos, consiguiendo unas indemnizaciones más elevadas para los pocos damnificados que no cedieron al chantaje. El mismo día de la rotura de la presa, el juez instructor de Puebla de Sanabria y el secretario judicial acudieron a Ribadelago, rubricando el acta de levantamiento de las víctimas encontradas, iniciándose así la instrucción del sumario 1/1959. Poco después se nombró un juez específico para el caso.

En la capital zamorana se celebró el juicio del 11 al 15 de marzo de 1963, con la intervención de 551 testigos. Para entonces, las coacciones de la empresa habían dado sus frutos y ya habían sido pagadas todas las indemnizaciones a la baja, tanto por los fallecidos como por las pérdidas materiales, suponiendo un ahorro importante para la hidroeléctrica en relación a las pérdidas estimadas por la Audiencia. La sentencia, de 20 de marzo de 1963, reconoció las numerosas deficiencias de la presa, tanto en su diseño como en su construcción, así como la falta de vigilancia y mantenimiento necesarios durante las obras, reconociendo que la orden de llenar la presa conociendo los defectos de la misma fue imprudente.

Al ser interpelado durante el juicio por las numerosas grietas que presentaba el dique, el director gerente de la empresa se escudó en que “hay filtraciones en todas las presas”. De los diez procesados, la sentencia condenó por imprudencia temeraria al director gerente, dos técnicos y un perito a 1 año de prisión entre otras penas, sin juzgar a ningún responsable de la Administración estatal. Uno de los ingenieros y el perito interpusieron un recurso de casación que fue aceptado. Las víctimas también interpusieron un recurso de casación en 1965, que no fue admitido. Ese mismo año fueron indultados el director gerente y el otro técnico condenado. Ninguno fue a la cárcel. El proceso judicial se archivó definitivamente en 1970.

Nueve años después de la tragedia, el director gerente, que fue considerado máximo responsable de la catástrofe, fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil “en atención a las circunstancias que concurrían en él” (BOE de 14 de agosto de 1968). Algunas de las edificaciones que no se arruinaron del todo en la tragedia se han ido arreglando en los años posteriores, volviendo los vecinos a residir en ellas. Otras siguen desmoronándose con el implacable paso del tiempo. A comienzos de 1959 Ribadelago Viejo tenía 558 habitantes, más otros 106 temporales que trabajaban fundamentalmente para la empresa hidroeléctrica. Al nuevo pueblo se mudó una veintena de familias en abril de 1961 (en el antiguo había 108), junto a otras 13 del poblado de Moncabril.

En 2023 estaban censadas 33 personas en Ribadelago Viejo (con cifras más o menos estables durante este siglo) y 69 en el Nuevo (con una reducción aproximada de la mitad de la población desde el año 2000). En la actualidad queda poco más de un centenar de vecinos riballagueses nacidos antes de la tragedia. Para honrar la memoria de los familiares que allí perecieron, años más tarde se erigieron cruces y monolitos de piedra en los solares de las casas que el agua se llevó por delante. En enero de 2009 se inauguró en la Peña Puente una escultura en bronce de casi dos metros y medio de altura del escultor Ricardo Flecha, representando a una mujer con su hijo pequeño en brazos, que replicaba una fotografía de la época. Se complementa con una placa metálica con los nombres de todos los fallecidos por la riada.

El pasado agosto se inauguró en el edificio del ayuntamiento riballagués el Museo de la Memoria, en recuerdo de los damnificados por la tragedia, que en dos plantas expone numerosas fotografías relacionadas con el suceso junto a paneles explicativos, siendo la Asociación Hijos de Ribadelago la encargada de su apertura al público. Quien no conoce su pasado, está obligado a repetirlo. Esperemos que el conocimiento de este desgraciado suceso sirva para que siempre que se construya una obra pública (o privada) de gran envergadura, se anteponga la seguridad a la codicia y se eviten accidentes absurdos e innecesarios.

Innumerables han sido las fuentes consultadas para la elaboración de los seis reportajes publicados sobre la tragedia de Ribadelago. Entre la bibliografía destaco el libro “9 ENE 1959. 00H 24. Ribadelago, del Museo Etnográfico Castilla y León”, cuya lectura recomiendo. También he consultado el libro “El bramido del Tera. Tragedia en Ribadelago. Testimonios”, de María Jesús Otero Puente, así como gran variedad de artículos periodísticos que se hicieron eco de la noticia en aquellas fechas, artículos serios de internet, reportajes televisivos y publicaciones oficiales como el BOE.

Además, he mantenido conversaciones con vecinos residentes en Ribadelago Viejo, Ribadelago Nuevo y Moncabril durante los múltiples viajes que realicé a dichas localidades, así como a los restos de la presa rota para tratar de entender mejor la magnitud de la tragedia y poder documentar gráficamente dichos artículos. Desde estas líneas reitero a todas las personas que de una u otra forma posibilitaron su publicación, mi más sincera gratitud.

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