Veterinarios zamoranos contra la burocracia: "Nos reglamenta gente que no ha pisado el campo"

Los veterinarios están en pie de guerra contra una ley que impone "importantes restricciones" a la hora de administrar medicamentos y genera una "excesiva" burocracia. Profesionales zamoranos se suman a las protestas.

"A veces nos da la sensación de que el Ministerio nos trata como a niños pequeños. Nos reglamenta gente que no ha pisado nunca el campo". Manuel Vicente Morales es uno de los veterinarios zamoranos que han alzado la voz en Madrid contra el Real Decreto 666/2023 que, a juicio de estos profesionales, tanto de animales pequeños (mascotas) como de campo, "controla" el uso de medicamentos, impone una "excesiva carga burocrática" y limita la capacidad para tomar decisiones médicas adecuadas. Los problemas que denuncian ahora los veterinarios de los animales de compañía son los mismos que soportan los veterinarios de campo desde la entrada en vigor de la normativa en julio de 2023. Ahora todo el colectivo hace causa común.

Con 35 años de servicio a sus espaldas, este veterinario autónomo que realiza clínica libre junto a otros compañeros en Oceva Sociedad Cooperativa, cuestiona una ley que "nos complica mucho la labor", tanto por la farragosa burocracia como a la hora de prescribir recetas. "No entra en ninguna cabeza el hecho de que un animal enferme un viernes por la tarde y no podamos conseguir medicamentos hasta el lunes" expresa este representante de la Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España (Anembe), uno de los colectivos que este miércoles secundaba la protesta frente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

En respuesta al Real Decreto que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos, los profesionales que trabajan en el ámbito de animales de producción reafirman su compromiso con la lucha contra la resistencia a los antibióticos y la reducción del consumo de antimicrobianos, lo que se ha logrado una reducción del uso de antibióticos "del 53%" a lo largo de los últimos cuatro años gracias a veterinarios y ganaderos. Pero a la vez defienden el "uso racional" de los tratamientos antimicrobianos en dosis y por un periodo de tiempo adecuado.

"En la prescripción de los medicamentos no tienen en cuenta nuestro juicio clínico, nuestra experiencia" cuestiona Manuel Vicente , al igual que puntos del Real Decreto donde se obliga a prescribir en base a unas fichas técnicas que en muchos casos están obsoletas porque hace años que no se actualizan. "Si tenemos que tratar a los animales acorde con esas fichas técnicas, hay casos en los no se consigue el objetivo de la curación y paliar el sufrimiento del animal".

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Por ello, los veterinarios quieren recuperar la flexibilidad a la hora de suministrar los medicamentos necesarios hasta completar los tratamientos, "como ocurre en la mayoría de los países de Europa". Y rechazan la obligación de registrar oficialmente cada antibiótico que se prescribe a las mascotas a través de la herramienta PresVet, generando una "carga burocrática desproporcionada sin aportar mejoras reales en el control de estos fármacos".

Lamenta el colectivo que el exceso de formalismo (burocracia) llega a "coartar" la función de estos profesionales y, en caso de errores o incumplimiento de la normativa, se enfrentan a sanciones de hasta 1,2 millones de euros. "Hay compañeros sancionados con 2.000 ó 3.000 euros simplemente por equivocarte en un número de identificación del crotal, que cada uno tiene 14 números".

Burocracia equivale a papeleo. "Muchas veces te obligan a la duplicidad de documentación y al final eso se traduce en que necesitamos más tiempo, en tener más veterinarios en las clínicas y a la larga repercute en costos para el ganadero o propietario de las mascotas" incide el veterinario zamorano.

Por ello las protestas de un colectivo que reclama modificaciones en el Real Decreto "para evitar poner en riesgo la salud y el bienestar animal, y la salud pública, ya que la espectacular reducción del consumo de antibióticos, no ha sido ni gratuita ni sin consecuencias indeseables". Apuntan que mantener los términos del Real Decreto "conlleva la necesidad de aplicar procedimientos innecesarios o inadecuados, que enlentecen y encarecen de manera inútil e injustificable la idónea atención veterinaria que requieren los animales de producción".

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