El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado sentencia declarando ilegal la caza de 339 lobos que autorizó la Junta en el trienio 2019-2022.

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) recurrió judicialmente en 2019 ante TSJCyL el “Plan de Aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en Castilla y León” que contemplaba matar 339 lobos por caza durante el trienio 2019-2022

Tras dos decisiones, primero del Tribunal Constitucional (2022) y recientemente, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (julio de 2024), esta última como consecuencia de este proceso, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sentencia y anula dicho “plan de caza”, "enterrando los tiempos en los cuales la Junta de Castilla y León dictaba la muerte de 1.847 lobos, ignorando el conocimiento científico y técnico, así como la situación del “estado de conservación” desfavorable e inadecuado del lobo" denuncia Ascel.

Precisa la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico que el “estado de conservación lo determina la Unión Europea y no el Consejero Suárez Quiñones, porque los lobos no son de Castilla y León".

La sentencia implica, según Ascel, "el fin de un período ambiental trágico, por empecinamiento de la Junta de Castilla y León, que desde el año 2008, atendiendo a intereses particulares, autorizó matar 1.847 lobos como única herramienta de gestión".

Lamenta Ascel "el daño causado por la muerte por caza de 124 lobos en Castilla y León durante las dos temporadas cinegéticas del período 2019-2021, así como los 1.847 lobos autorizados para ser matados desde 2008 hasta 2022, y por eso, la especie está en estado de conservación desfavorable para toda España, por culpa de la Junta".

Y recuerda los "fracasos en 16 años de decisiones judiciale" en contra de la Administración regional: (1) Primer plan de gestión del lobo, aprobado en 2008; (2) Cupos de caza de 129 de lobos de la temporada 2010-2011; (3) Cupos de caza de 143 de lobos de la temporada 2011-2012; (4) Segundo plan de gestión del lobo, aprobado en 2016; (5) Cupos de caza de 143 lobos de la temporada 2015-2016; (5) Suspensión cautelar que impedía la caza de 143 lobos en la temporada 2018-2019; (6) Sentencia del TJUE C-443/22 sobre la caza de 339 lobos entre 2019-2022; (7) la presente sentencia.

Ascel pide que los responsables "de la pésima e irresponsable gestión del lobo en Castilla y León asuman, en primer lugar, su responsabilidad en haber aprobado matar centenares de lobos (los últimos 124 ejemplares, a raíz de dicho Plan de caza entre 2019-2022), y en segundo lugar, reconozcan su deuda con los ciudadanos por mentir sistemáticamente sobre el estado de conservación del lobo (desfavorable e inadecuado, como le han tenido que recordar desde el TJUE y el TSJCyL)".

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico lleva luchando desde su creación en 2000 para que los lobos sean una especie protegida y su gestión se cimente en base a su importancia ecológica, como sucede con otras especies (osos pardos, linces ibéricos, etc.).