UGT denuncia una “persecución sindical” en la residencia de Villalpando

UGT ha denunciado públicamente este lunes una “persecución sindical” en la residencia Fundación Inmaculada Concepción por parte del alcalde de Villalpando y de la directora, después de que a dos de los tres delegados elegidos recientemente por los trabajadores se les haya comunicado que, en pocos días, pasarán a depender de una empresa externa, lo que les impedirá desarrollar sus funciones como representantes de la plantilla.

El secretario provincial de UGT-Servicios Públicos de Zamora, Raúl Castaño, precisó que el pasado 19 de junio se celebraron las elecciones sindicales en la residencia, en las que, de forma nominativa, fueron elegidos tres delegados de UGT.

Siete días después a dos de las delegadas elegidas les hacen firmar una carta, mediante la que les comunican que se externaliza el servicio de limpieza del centro geriátrico y que pasarán a ser trabajadoras de una empresa con sede social en Elche.

En opinión de Castaño, la decisión de externalizar supone un “engaño” al sindicato UGT y a los trabajadores, al margen de una maniobra para apartar a las dos delegadas, ya que dejarán de depender de la residencia y, por tanto, no podrán representar al resto de la plantilla, integrada por 45 empleados.

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Ante esta situación, responsables del sindicato mantuvieron una reunión con el alcalde de Villalpando y presidente del Patronato de la Fundación Inmaculada Concepción, Emiliano de la Puente, durante la que expuso unas “razones incomprensibles y difícilmente justificables”.

En primer lugar, según Castaño, el alcalde aseguró en el encuentro que desde hacía cuatro meses se valoraba el proceso de privatización del servicio de limpieza, previsión que debería haber sido comunicada previamente a los sindicatos para evitar, en este caso, que las dos delegadas elegidas concurrieran al proceso electoral, ya que a partir del 15 de julio dejarán de formar parte de la plantilla de la residencia.

Ante esta situación, ambas delegadas no podrán representar, a partir del 15 de julio, a los trabajadores y sus cargos los ocuparán otros dos empleados que, en el proceso electoral nominativo, sumaron más votos. 

Coste de la privatización

Además, según Castaño, desde un punto de vista empresarial, el alcalde reconoció ante los representantes de UGT en la reunión mantenida recientemente, que “el coste de externalizar” el servicio “es más caro”, pero que se ha planteado por las dificultades para encontrar trabajadoras que puedan realizar sustituciones en el área de limpieza.

Para Castaño la medida, a nivel laboral, “también es incomprensible”, ya que “traspasa” a trabajadoras que viven en Villalpando a una empresa, con sede en Elche, y que van a pasar a depender de otro convenio “con peores condiciones a corto y medio plazo”. Asimismo, remarcó que, a nivel ético y moral, la decisión “demuestra muy mala fe y eso no lo podemos permitir porque nos han engañado a todos; a UGT, a las trabajadoras y a los empleados que las han votado”.

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Ante esta situación, UGT ha anunciado que ya ha reclamado el expediente de privatización del servicio de limpieza del centro geriátrico para comprobar que el proceso de licitación se ha convocado de forma legal. En el caso de que el expediente no sea facilitado, el sindicato acudirá al Comisionado de Transparencia.

Del mismo modo, ha solicitado una copia de los estatutos de la Fundación Inmaculada Concepción de Villalpando al Protectorado de Fundaciones de Castilla y León. Por su parte, el secretario regional de UGT-Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez, reiteró que el caso de la residencia de Villalpando evidencia una “persecución sindical” que atribuyó al alcalde, al que recriminó que “prefiera que sus ciudadanos pierdan dinero a tener una buena gestión y que una empresa de fuera de la comunidad venga a hacer negocio sin reportar absolutamente nada” a Villalpando.

En su opinión, este tipo de medidas no favorecen que se fije población en el medio rural ni contribuyen a frenar el abandono de los pueblos. Por otra parte, Pérez, remarcó que el caso de la residencia de Villalpando evidencia la “poca valoración que tienen los representantes políticos de la Ley de Dependencia”. Por último, subrayó que el estado de bienestar se sustenta sobre cuatro pilares fundamentales: sanidad, educación, pensiones y dependencia.