Informe del Defensor de Pueblo: Los diez casos de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia en Zamora

Ha pasado casi una década desde que Javier dio un paso de gigante en la más absoluta soledad e incomprensión. No podía imaginar que su osadía de escribir una carta al papa Francisco, en el año 2014, contándole los abusos sexuales que él y su hermano sufrieron de niños, por parte del sacerdote José Manuel Ramos Gordón, acabaría por romper el hasta entonces inquebrantable muro de una realidad silenciada durante años. La valentía de Javier, que consiguió un reconocimiento de los hechos por parte del abusador y de la propia Iglesia –además de otras víctimas que fueron perdiendo el miedo– ha contribuido a que en España salga a la luz el primer informe oficial sobre "abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos", realizado por el Defensor del Pueblo.

Aunque la investigación de un periodo que abarca más de siete décadas (1950-2022) no ofrece cifras concretas de víctimas o de acusados, como sí han dado otros países, sí contiene una encuesta destinada a desvelar la dimensión de los abusos sexuales en España, que muestra que, solo en el ámbito religioso, podría haber cerca de 440.000 víctimas. Dato desdeñado y desmentido por presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella. Ayer la Conferencia Episcopal convocaba una Asamblea Plenaria extraordinaria para analizar las conclusiones del informe del Defensor del Pueblo y la solicitud del despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de la auditoría encargada por los prelados.

En la provincia de Zamora (donde tienen competencia dos obispados, el de Zamora y el de Astorga en las comarcas de Sanabria-La Carballeda, Benavente-Los Valles y Tábara) el informe localiza diez casos de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica que fueron comunicados al Defensor del Pueblo durante el periodo de recogida de información y elaboración del informe, es decir, entre julio de 2022 y octubre de 2023. Los casos llegan a través de tres fuentes de información: personas entrevistadas por la Unidad de Atención a Víctimas, respuestas recibidas de los obispados, arzobispados y superiores de instituciones de vida consagrada y los cuatro dosieres entregados por el periódico El País.

Los diez recogidos por el informe son: Colegio Corazón de María de Zamora, dos en el antiguo Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria (dependiente de la diócesis de Astorga), Oratorio Salesiano de la Universidad Laboral, en las parroquias de Puebla de Sanabria, Vigo de Sanabria, Toro y Nuestra Señora de Lourdes en Zamora, en el Seminario de Toro y en el Seminario San Atilano de Zamora. De todos ellos, dos han sido comunicados por la Iglesia, el de la parroquia de Puebla (Astorga) y el Seminario de Toro (Zamora). Este último se refiere a hechos ocurrido entre los años 1980 y 1999.

El informe detalla el papel de las diócesis en la información sobre los casos de abusos sexuales, a las que el Defensor del Pueblo solicitó una descripción de las fuentes de datos que utilizaron, información era muy valiosa, dado que se estaba analizando un período de más de siete décadas (1950-2022). Se destaca la labor de Obispado de Zamora, entre los que "han mostrado un esfuerzo por conocer de manera completa los abusos sexuales ocurrido en su diócesis". Pues en la comunicación a instancias del Defensor del Pueblo informa de la revisión completa del "archivo secreto" y el del tribunal eclesiástico, igual que la diócesis de Astorga.

"Cabía esperar que las diócesis hubieran reflejado los casos atendidos en sus respectivas oficinas de atención a las víctimas y así lo aseguraron expresamente la mayoría", precisa el informe.

Los datos también reflejan que en un reducido número de diócesis, entre las que se encuentra la de Zamora, el número de casos comunicado al Defensor coincide con el de casos judicializados en los tribunales del Estado. En concreto uno.

En el apartado desdicho a los agresores, el informe destacan por la calidad de sus datos a las diócesis de Lleida, Cartagena, Guadix, Jerez, Getafe, Plasencia y Astorga. "En un ejercicio de notable transparencia, la de Plasencia es la única diócesis española que señala presuntos encubridores en su descripción de los casos". También se sitúa Astorga entre el reducido número de diócesis que dan cuenta de algún procedimiento canónico.

El informe del Defensor del Pueblo hace también referencia a las oficinas de atención a las víctimas creadas por los propios obispados. La primera fue creada por la Diócesis de Astorga en febrero de 2019, empujado por los escándalos que saltaron en el antiguo seminario de La Bañeza (caso Ramos Gordón y otros posteriores) y Astorga. En ese mismo contexto, un año antes esta misma Diócesis aprobaba protocolo de prevención y actuación. La oficina en el Obispado de Zamora data de julio de 2021.

El informe del Defensor del Pueblo destaca el papel de la prensa en la revelación de casos de abusos; "algunos medios locales fueron pioneros en la publicación de testimonios de víctimas" precisa, con referencia expresa a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que informó en exclusiva del primer caso de abusos sexuales reconocido por la Iglesia en Castilla y León, concretamente el caso Ramos Gordón que apartó al párroco de Tábara de sus funciones.

Como detalla el informe: "En enero de 2017, se hizo público un caso de abuso sexual que terminó involucrando a varios sacerdotes en el seminario de La Bañeza (León). El caso fue publicado por La Opinión de Zamora y salió a la luz después de que una de las víctimas enviara varias cartas al Papa. Generó una gran controversia y recibió una importante cobertura mediática. Fue denunciado un sacerdote, por delitos de abusos de menores, ocurridos en 1980. A raíz de estas denuncias, el sacerdote fue apartado en 2019 de las parroquias y del ejercicio público del ministerio".

El caso pionero de Javier

"El silencio ha sido el mejor aliado de esta injusticia. La verdad, con ayuda del tiempo, es muy poderosa y poco a poco vamos viéndolo por ejemplo en el devastador informe del Defensor del Pueblo" ha declarado Javier, víctima reconocida por la Iglesia. Javier hizo historia hace seis años al conseguir que la Iglesia y su "verdugo", el cura y ex párroco de Tábara José Manuel Ramos Gordón, reconocieran los abusos sexuales sufridos por él y su hermano (fallecido) cuando era unos niños y estudiaban en el Seminario menor de La Bañeza (dependiente de la diócesis de Astorga). Aquel daño le ha flagelado toda la vida. Lleva una década batallando, no ha parado. Su empeño y constancia animaron a otras víctimas.

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Gracias a ellas hoy el debate sobre el drama de los abusos en el seno de la Iglesia ha llegado al Parlamento y al Defensor del Pueblo. "El proceso tiene que continuar para dar respuesta a las víctimas, repararlas y que recuperen su dignidad, sólo así nos convertiremos en un país un poquito mejor" opina Javier. "La iglesia ha de estar a la altura de las circunstancias y cumplir a partir de ahora con sus responsabilidades, porque hasta la fecha no ha tenido nunca buenas intenciones" incide con la experiencia de un largo peregrinaje en busca de justicia y reparación, aún no conseguida. Pero si algo ha demostrado esta víctima es paciencia y perseverancia. La lucha sigue.

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