Cuando la enfermedad trae la pobreza: la historia de una zamorana con una discapacidad del 75% que no llega a fin de mes

A veces la enfermedad trae de compañera la pobreza. Una realidad en la que viven muchos españoles que sufren enfermedades que les incapacitan para trabajar y además les generan gastos, en un país que presume de gozar de un Estado del bienestar.

Aunque existen las pensiones no contributivas de invalidez, los requisitos que el Estado exige para percibirlas dejan fuera a miles de personas que están enfermas y atraviesan dificultades económicas.

Es el caso de María (nombre ficticio), la zamorana que aparece en la imagen que acompaña a esta información, y que con menos de 60 años se ha convertido en una paciente pluripatológica. Padece fibromialgia, varios problemas traumatológicos que incluyen dos hernias discales, una enfermedad psiquiátrica y problemas de respiración por las secuelas que le dejó la Covid en 2020.

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Tiene un grado de discapacidad del 75% certificado por los profesionales médicos, hay muchas tareas básicas de su día a día que no puede realizar y, sin embargo, no percibe ningún tipo de ayuda pública para sobrevivir.

Ya no cobra la pensión por invalidez

Durante un tiempo, María cobró una pensión no contributiva por invalidez, hasta que a finales del año pasado perdió el derecho a percibirla cuando su hijo menor, que ya tiene 24 años, decidió independizarse y se empadronó en otro municipio de la provincia por razones de trabajo.

Para que una persona discapacitada cobre esta pensión, los ingresos de su unidad familiar no pueden exceder cierta cantidad, que varía en función del número de miembros que conviven en la casa. Antes eran tres adultos: María, su marido y su hijo, pero ahora solo queda el matrimonio. Para la Seguridad Social, los ingresos de su marido, de unos 12.000 euros anuales, deberían ser suficientes para vivir dos personas, y la descalifican de percibir ninguna pensión no contributiva, ya que superan los 10.000 euros.

Pero lo cierto es que el matrimonio ha entrado en serias dificultades económicas desde que ella perdió su pensión. Aún están pagando la hipoteca de su vivienda, un cuarto piso sin ascensor, más de 60 escalones que complican la vida de esta mujer discapacitada. Además, las propias patologías que sufre la mujer se han convertido en otra fuente de gastos. “Antes tenía los medicamentos gratis, ahora, desde que no soy pensionista, tengo que pagar las recetas, y tomo decenas de pastillas al día para todas las enfermedades que tengo”, explica la propia afectada. Ni siquiera se atreve a calcular cuánto dinero le suponen las medicinas al cabo del mes. “Nunca las compro todas a la vez, voy cogiendo las cajas de pastillas poco a poco, según vaya juntando dinero”.

Las cosas están tan estrechas en casa “que no podemos permitirnos ni poner la calefacción, pero según el Estado 1.000 euros al mes son más que suficientes para los dos”, lamenta María.

Y a mayores... embargos de la Seguridad Social

Y ni siquiera son 1.000 euros. Lejos de ayudar, la Seguridad Social embarga a María 175 euros del banco cada vez que su marido cobra la nómina. Tiene que pagar una deuda de 2.200 euros por haber seguido cobrando la pensión durante unos meses después de que su hijo dejara de estar empadronado en casa. “No avisé a tiempo, pero no fue culpa mía, necesitaba un papel del Ayuntamiento de Molacillos y no me lo podían hacer porque la secretaria estaba de baja. He intentado reclamar, pero no hay manera, me van a seguir quitando los 175 euros durante doce meses”, se queja harta de lidiar con la burocracia estatal.

Ya ha llamado a las puertas de todas las instituciones y al CEAS, pero nadie puede hacer nada por ella. Solo tiene derecho a un “subsidio por ayuda de terceras personas” que apenas supone 60 euros mensuales.

Tampoco puede percibir una pensión de incapacidad permanente, a pesar de la gravedad de sus enfermedades, porque no tiene los 15 años cotizados que se exigen para la misma.

Para María solo queda frustración y el desahogo de quejarse en la prensa, “porque no soy la única, y esto no se puede consentir, no pueden dejarnos atrás”.

Como ella hay en España miles de personas para las que una enfermedad se ha convertido también en un problema económico grave. Las amas de casa corren más riesgo de llegar a esta situación, al no tener años cotizados. También los parados de larga duración, pues quien no haya cotizado tres años en la última década tampoco cumple los requisitos para la incapacidad permanente, y pueden llegar a verse enfermos, sin salud para trabajar y sin ayudas. A veces, la enfermedad empuja a los pacientes hacia la exclusión social.