El Gobierno ha aprobado el Plan Hidrológico del Duero que marcará la gestión del agua hasta 2027 y con unos proyectos que pretender dar respuesta a los desafíos del cambio climático y la mayor recurrencia de fenómenos extremos como sequías e inundaciones.

Los planes están completamente alineados con las políticas europeas como el Pacto Verde, el Plan de “Contaminación Cero” y con la nueva Directiva europea de calidad del agua para consumo humano. Estas medidas buscan mitigar el riesgo de inundaciones y sequías, contribuir a alcanzar los objetivos ambientales y proteger la biodiversidad al tiempo que se avanza en adaptación ante el cambio climático.

El Plan Hidrológico del Duero 2022-2027 recoge un ambicioso programa de medidas, al que harán frente administraciones y usuarios, con una inversión de 2.250 millones de euros. Del total, más de 1.000 millones están vinculados de manera directa o indirecta con el medio rural y, en concreto, con el regadío y su incidencia positiva en el reto demográfico, con medidas para actuaciones de modernización de regadíos, por un importe de 768 millones de euros, de aumento de la capacidad de regulación, y nuevos regadíos, entre otras medidas.

El objetivo de la nueva planificación hidrológica es asegurar el suministro hídrico a los usuarios, reducir las presiones que soportan las masas de agua, mejorar los sistemas de depuración, fomentar el ahorro de agua y la reutilización y atender las demandas de agua de manera que sean compatibles con su buen estado, lo que permitirá asegurar la calidad y cantidad del recurso.

Caudales

A diferencia de las planificaciones de primer y segundo ciclo, los nuevos planes definen caudales ecológicos para todas las masas de agua, determinando caudales mínimos y máximos, de forma que se aseguren la protección de las masas de agua, ecosistemas y territorio. Del mismo modo, se recogen las medidas necesarias para reducir las presiones ambientales que sufren las masas de agua, actuando sobre las actividades que las generan.

Se estima que los caudales de los ríos españoles se han reducido un 12% desde 1980. Para adaptarse a una realidad en la que el cambio climático reducirá la disponibilidad del agua, el texto plantea un cambio de tendencia en el uso de los recursos. En concreto se reducen las asignaciones para los distintos usos pasando de los 28.000 hm3/al año que marcaba la anterior planificación a 26.800 hm3/al año, una medida orientada a garantizar el acceso equitativo al agua para todos los ciudadanos. Al mismo tiempo, para diversificar las fuentes de obtención del recurso se dota de mayor protagonismo a la desalación, de forma que se garantiza el suministro y se equilibran las demandas y los requerimientos medioambientales.

Para fomentar la calidad del agua, se impulsan junto a las administraciones competentes, la mejora del saneamiento y la depuración parar subsanar retrasos acumulados por nuestro país en el cumplimiento de la normativa europea sobre protección de aguas residuales. En la misma línea, se refuerzan las medidas para luchar contra la contaminación difusa, tal y como marca el Real Decreto de enero de 2022 sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa provocada por los nitratos agrarios. Además, se contemplan medidas para luchar contra los contaminantes emergentes como microplásticos o antibióticos.

La nueva planificación también incide en la recuperación ambiental de los espacios fluviales y en reducir el riesgo de inundación, incorporando soluciones basadas en la naturaleza, y también en la seguridad hídrica.

Buen estado de las aguas

Estos planes junto con los de “Gestión del Riesgo de Inundación”, aprobados también por el Consejo de Ministros la semana pasada, y los “Especiales de Sequía”, que se prevén aprobar durante este año, contemplan las principales medidas que permitirán alcanzar el buen estado de nuestras masas de agua y conseguir un alto grado de seguridad hídrica y, en definitiva, respetar el medio ambiente sin comprometer el desarrollo socioeconómico.

La siguiente fase de planificación finalizó en 2021, con la aprobación de los proyectos de planes hidrológicos que hacen frente a esos problemas. Ambas fases contaron con una amplia consulta y participación pública: nueve meses en el caso de los esquemas de temas importantes –en vez de los seis inicialmente previstos que fueron ampliados por causa de la pandemia– y seis meses en el caso de los proyectos de planes hidrológicos.

Los planes han sido informados por los consejos del agua y los comités de autoridades competentes de cada cuenca (entre el 29 de marzo y el 3 de mayo de 2022) y por el Consejo Asesor de Medio Ambiente (27 de abril de 2022) y cuentan con sendos informes del Consejo Nacional del Agua (29 de noviembre de 2022) y del Consejo de Estado (19 de enero de 2023). En paralelo, los planes hidrológicos han sido sometidos a la preceptiva evaluación ambiental estratégica, aprobada el 10 de noviembre de 2022.

Modernización

Los planes hidrológicos se complementan con otros instrumentos desarrollados por el MITECO como las “Orientaciones estratégicas sobre agua y cambio climático”, el “Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia y Reutilización” (DSEAR), los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de segundo ciclo, los planes especiales de sequía, la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, o el Plan de Acción de Aguas Subterráneas, que modernizan y preparan la gestión del agua frente a desafíos futuros.

Por su parte, el Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación de la Economía (PERTE) de Digitalización del ciclo del agua tiene, como principal objetivo, aumentar la eficiencia del uso del agua. Empleará las nuevas tecnologías y el “big data” para conseguir una información precisa y actualizada de los recursos de agua disponibles y las demandas en abastecimientos urbanos y en el regadío, mediante una inversión total de 3.060 M€.