La Junta ha requerido formalmente al Gobierno la transferencia de los más de 8 millones de euros asignados para compensar los daños ocasionados por el lobo a la ganadería local desde que el cánido es considerado especie no cazable.
Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente espera en los próximos días una respuesta a este requerimiento por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).
De no ser así, la Consejería ha anunciado su intención de interponer un recurso contencioso-administrativo por la no formalización de los compromisos financieros a favor de Castilla y León, según lo dispuesto en el acuerdo de Conferencia Sectorial del pasado 28 de julio, en el que se asignaraon 8,8 millones de euros a la Comunidad, lo que representa el 44,26% del total distribuido a nivel nacional.
Estos 8,8 millones servirían para compensar a las ganaderías que están sufriendo daños y perjuicios por los ataques del lobo en el medio rural, así como para la financiación de medidas preventivas.
La Junta ha denunciado que el Gobierno “no ha transferido estos compromisos financieros a las CCAA que votaron en contra de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo, como Castilla y León, y sí lo ha transferido a las comunidades que votaron a favor”, señalan desde la institución autonómica.
De otro lado, el importe ya destinado íntegramente por la Junta para el abono de los daños por lobo asciende a un importe próximo a los 1,9 millones de euros anuales, de los cuales 1,2 son en concepto de pagos compensatorios y 0,7 en concepto de responsabilidad patrimonial correspondientes a más de 2.600 ataques y más de 4.200 cabezas de ganado muertas al año.
A su vez, la actualización de la normativa de pagos compensatorios por daños de lobo en Castilla y León vendrá acompañada de una revisión de los baremos aplicados, trabajo técnico que se encuentra muy avanzado y que se iniciará su revisión conjuntamente con las organizaciones profesionales agrarias en las próximas semanas.
Entre las cuestiones que se han mejorado en estas versiones iniciales se encuentran la definición de forma precisa, y de acuerdo a los precios de mercado, tanto los daños emergentes como el lucro cesante, pérdidas de fecundidad así como los gastos económicos de los ganaderos derivado del daño así como los gastos variables en diferentes supuestos, como son los casos de preñez y aborto del animal, gastos veterinarios y medicamentos en caso de animales heridos, así como de eutanasia. Estos nuevos baremos, a la vista de la revisión, supondrán un incremento significativo respecto de los baremos vigentes y aprobados en 2019.
