El Ministerio Público ha archivado las Diligencias de Investigación contra el alcalde de Porto, Francisco Blanco Corral por la denuncia interpuesta por la concejala de la oposición, Guadalupe Carracedo Carracedo, por prevaricación y malversación en la adjudicación y obras del comedor social. La Fiscalía ha dictó el decreto de archivo el pasado 26 de agosto y notificado a las partes.
La concejala de la oposición remitió a la Fiscalía el escrito de denuncia y la documentación, el 7 de abril, en el que exponía que el comedor social de Porto había sido arrendado para instalar un negocio y no como una concesión de servicio público, adjudicado directamente, y donde el Ayuntamiento abona las facturas por realizar el servicio de comidas.
El comedor social se gestionó hasta 2016. Su reforma y equipación se realizó, en parte, con subvenciones púbicas. El 27 de julio de 2020, por resolución de Alcaldía, se acordó iniciar el expediente de arrendamiento, la redacción del pliego de cláusulas para su adjudicación directa, en base a que se había recibido una propuesta. La denunciante añadía que se habían hecho trabajos de carpintería abonados por el Ayuntamiento, por importe de 8.973 euros.
El comedor sirve también visitantes con el fin de hacer rentable el servicio
Con esta denuncia, la Fiscalía incoó diligencias y solicitó el informe de investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que requirió al Ayuntamiento la documentación de la licitación del local y el expediente completo de adjudicación del servicio de comedor social.
El anuncio de la oferta fue público por diferentes medios, incluida la página web del Ayuntamiento y por Bando municipal. Con la pretensión de que Porto sea un destino turístico era necesario contar con in restaurante para visitantes, trabajadores esporádicos y vecinos, compatibilizando comedor social y restaurante de día.
Era la única manera, según el informe de Fiscalía, de hacer rentable la gestión del comedor social con este servicio complementario. El ayuntamiento subvenciona el comedor para las personas mayores y en situación vulnerable, con el pago del 50% de su precio de 10 euros, 12 para los otros usuarios.
El pliego de cláusulas fue público en el tablón de anuncios municipal, de acuerdo al certificado aportado en el expediente y en el tablón de anuncios, en julio de 2021.
La Fiscalía concluye que no se deducen indicios de comisión de ilícito penal, no habiéndose apreciado actuación administrativa irregular
La Alcaldía no pagó ninguna factura de reforma de este local, sino que corresponde a otro edificio municipal, alquilado como hotel. La Guardia Civil tomó declaración, en calidad de testigo, al adjudicatario que se hizo cargo del servicio y del restaurante de un tenedor en agosto de 2021. Conoció la oferta por el bando municipal y fue el único interesado y quien costeó las mejoras de adaptación del local de comedor social. En cuanto a la factura de más de 8.900 euros, corresponde a obras en el otro inmueble municipal y que también fue investigado y fotografiado por la Guardia Civil por “trabajos de carpintería y compra de materiales” acompañando además una factura de 4.007 euros de materiales adquiridos a otra empresa.
La gestión del comedor incluye hojas de asistencia, donde se reflejan los usuarios con derecho a subvención “anotándose los días que asisten” y que se remiten al Consistorio junto con la factura.
Del informe practicado la Fiscalía recoge que “no se deducen indicios de comisión de ilícito penal, no habiéndose apreciado actuación administrativa irregular o realizada al margen del correcto funcionamiento de la administración pública”. El Ministerio Público descarta “elementos de prueba de la presunta comisión del delito de prevaricación administrativa”.
