El único tema de interés a tratar en el Pleno de Cobreros ayer era la aprobación de la ordenanza de vados, pero el asunto se desvió –en ruegos y preguntas- y dejó en evidencia la falta de control del agua de abastecimiento en el municipio, con trece pueblos sin prácticamente contadores y sin aplicar la ordenanza del agua desde hace 30 años. El control se hace “por bandos” municipales. El Pleno fue presidido por el alcalde en funciones Ángel Elena Rodríguez, de Sanabria Verde en sustitución del alcalde.
El corte de agua “sin aviso” en Cobreros, durante día y medio, por “uso y abuso” del agua abrió el debate a instancias de Pedro Fernández “en todos los pueblos”. Un ejemplo clarificador es el de un usuario de San Miguel de Lomba que “dice que riega lo que le da la gana y que se la cobren. No sé si tenéis noticia de eso. Y se está cortando el agua a cada momento”. Instó a pedir “si hay escasez de agua” el suministro de cisternas desde la Diputación. También insistió en llenar todos los depósitos con cisternas. “Estáis obligados a dar el agua”, señaló Fernández.
A nadie le ha preocupado el abastecimiento ni para bien ni para mal, solo para cobrar enganches
En el depósito de Cobreros entra agua suficiente en el pueblo, aunque hay sequía, pero en pueblos como San Miguel “el pozo da lo que da”, según el secretario de la Corporación. Cuando se ponen los bandos y hay un poco de control y sobre todo lo ejercen los vecinos unos con otros. El Ayuntamiento “no tiene una normativa que pueda impedir a alguien cortarle el agua o sancionarle”. Cuando das el agua se gasta porque “no hay conciencia” de no usar para riegos, jardines, piscinas y lavar coches, como valoró el secretario. Sí se solicitaron cisternas para llenar los depósitos de los pozos de sondeo.
La ordenanza fiscal vigente es para regular y cobrar los tramos de consumo y el cobro del agua, la instalación de contadores y tarifas, las sanciones eran por el impago de los recibos. La ordenanza de 1992 no se ha aplicado, como denunció Fernández, “a nadie le ha preocupado el abastecimiento ni para bien ni para mal, solo para cobrar enganches” y pidió su aplicación en la parte que sea legal y en su caso “juntarnos” para modificarla. El alcalde en funciones reconoció que no se pusieron de acuerdo para ver quién instalaba los contadores, si usuarios o ayuntamientos.
La ordenanza y la tasa fiscal de vados en el municipio se aprobaron por unanimidad con el añadido de la exención o bonificación del pago a personas con minusvalías a partir del 33% de discapacidad. El pleno fue informado de la solicitud de una subvención de empleo de 5.800 euros para la contratación, durante tres meses, de una persona con discapacidad convocado por la Diputación.
Mediante una resolución de alcaldía se informó de la adjudicación de 20 hectáreas sobrantes a un ganadero en el Monte de UP Carbonal y Mediero (Midideiro) de San Martin y Terroso en 353 euros. Una adjudicación que para el concejal de la oposición no es legal desde el momento en que “el Ayuntamiento no tiene competencia” porque los montes son del Común de Vecinos y no figura en el Registro de la Propiedad anotación sobre su clasificación. Comunicaba un posible derecho de Reposición contra la resolución.
También por resolución se ha cedido el uso de sus respectivas escuelas, durante siete años, a las asociaciones la Alameda de Sotillo, las Asociaciones de Vecinos de Quintana y Cobreros para poder acogerse a las ayudas para equipamiento convocadas por el Grupo de Acción Local Adisac-La Voz.
La oposición propuso incluir como moción de urgencia, a raíz del escrito de un vecino de Sotillo en relación a la venta de fincas para un aparcamiento en la zona de acceso. En este aspecto la respuesta es que se ha iniciado la tramitación del expediente y se está analizando el valor de las fincas entre 1.300 euros y los 500 euros, aunque no son precios de mercado.
