La primera generación de agricultores de regadío en Moreruela de Tábara a penas roza los treinta años: José (22), Félix (25), Santiago (26) y Goyo (31) apostaron por quedarse en el campo, una auténtica anomalía que llevan por bandera y que luchan por proteger ante un futuro incierto.
Aunque todos ellos descienden de familias agrícolas, no labran de la misma manera que sus padres, de ellos han heredado la tierra y el respeto al oficio, pero ha sido el agua la razón por la que han podido continuar: antes de ella, Moreruela de Tábara era un mar de secano que dependía demasiado de las lluvias para poder prometer un futuro a los más jóvenes.
Y es que “el secano no da más de sí”, dice Javier Jorge Lozano, presidente de la comunidad de regantes, sobre un sistema agrícola que cada vez necesita de mayores concentraciones para asegurar la rentabilidad. En el otro lado, los jóvenes regantes aseguran que con tan solo 40 hectáreas de regadío ya se puede vivir, y es que la productividad media es seis veces mayor, según datos del Misterio de Agricultura. El agua ha conseguido pararle los pies a la despoblación en Moreruela de Tábara, donde una nueva generación de agricultores se ha comprometido a tomar el relevo de sus padres.
El Ayuntamiento de Faramontanos alquila a unos 300 euros la hectárea por año, las empresas no bajan de los mil
Pero el futuro ahora “preocupa”, coinciden. Las iniciativas de parques solares llegan en avalancha a la zona desde hace meses, atraídos por el enclave estratégico del lugar y convenciendo a los mayores de que alquilen: los agricultores no pueden competir con las ofertas de estas empresas, que multiplican la oferta. Como ejemplo, el Ayuntamiento de Faramontanos alquila a unos 300 euros la hectárea por año, sin incluir los gastos de mantenimiento. Las empresas no bajan de los mil.
La comunidad de regantes de Tábara dispone de 3.033 hectáreas de regadío, de las que algo más de 200 “están tocadas por proyectos fotofoltaicos”, explica Jorge Lozano. Muchos de los propietarios han preferido rescindir los contratos con los agricultores ante los montantes que los fondos de inversiones extranjeros ofrecen.
Aunque es terreno privado, desde la comunidad de regantes reclaman su derecho a defender los más de 40 millones de dinero público invertido en la red de riego que quedará infrautilizada de llegar las placas: terreno fértil con gente dispuesta a trabajarlo y que “debe” destinarse para agricultura por encima de la energía. Es para ellos una cuestión de principios.
Porque si pierden muchas tierras “nos tendremos que ir”, comenta Goyo Lozano. Él de momento tendrá que deshacerse del 30% de sus hectáreas de regadío porque el propietario ha decidido alquilarlas para placas. Con 31 años, ve su futuro en la agricultura “complicado”, y es que los márgenes “no son tan grandes como para perder terreno”. Él empezó hace siete años, tras dejar su trabajo como mecánico para coger la explotación familiar de porcino, que complementa con agricultura.
La situación, cuenta, puede empeorar, y es que tiene miedo de perder aún más parcelas: “No puedo ni asegurar las que son mías”, cuenta, en referencia a otros agricultores a los que les expropiarán parte de sus propiedades en beneficio de las fotovoltaicas por ser consideradas de utilidad pública: la ley recoge que la producción de energía renovable es un bien común. Los agricultores consideran que producir alimento también es “un bien público”, sobre todo ante la posible amenaza de sufrir una crisis alimentaria.
La primera generación de regantes ha empezado desde cero y acumula deudas que planeaban pagar en toda una vida
Los jóvenes ven peligrar su supervivencia en el futuro, en el que ya han invertido más de lo que tenían. Porque aunque la red y los hidrantes los encontraran hechos, han tenido que equipar las fincas: Cada hectárea necesita entre siete u ocho mil euros de maquinaria para iniciar el riego. Más la maquinaria, que “no tiene nada que ver” con la que heredaron de sus padres, como dice Santiago Riego. Con tan solo 26 años maneja una explotación de 240 hectáreas, 70 de regadío. En cinco años ha invertido cerca de los 300.000 euros.
Admite que es caro “pero la cosecha está asegurada”, explica sobre una realidad que ha palpado: el recibo de las obras que ha encargado esta semana asciende a 40.000 euros entre aperos y aspersores. Y es que la primera generación de regantes ha empezado desde cero, y acumula deudas que planeaban pagar en toda una vida: El tractor medio cuesta 160.000 euros. Una rotativa 15.000, la máquina de siembra, 30.000. “Antes se decía que el que no valiera, al pueblo, ahora hay que ser profesional”.
El compromiso ha sido único. Félix Fernández, de 25 años, ha invertido medio millón de euros “tengo miedo de que me expropien”, dice sobre unas tierras que pertenecieron a su padre y a su abuelo. El cambio desde lo que sus familiares vivieron en secano a lo que afronta él se traduce en más trabajo “pero como algo bueno”, a la vez que en menos riesgo, “en el secano este año hemos trabajado, pero como no ha llovido, no hay cosecha”.
Félix tiene unas 80 hectáreas de regadío, mitad suyas, mitad alquiladas. En el 2016 decidió incorporarse a la empresa agraria, compró un tractor, un equipo de máquinas de segar y se dedicó a implementar mejoras en las tierras de regadío, “fueron muchas”, resuelve, y es que él ha encontrado las tierras vacías, la otra cara de haber llegado de los primeros. Tras tanto esfuerzo por quedarse en Moreruela, teme tener que irse: “me van a obligar”, entristece. “Cuando llegó el agua nos dio unas esperanzas de poder tener un medio de vida aquí, nos pareció que podíamos tener futuro en el pueblo”. Advierte que de perder hectáreas además de no cumplir su sueño de quedarse, se quedará “arruinado para toda la vida”.
José Ramos consigue que le cuadren las cuentas de su explotación de ovino gracias al regadío, que asegura la producción de alimento
Ellos se han formado para ser agricultores. José Ramos asistió a los cursos de explotación de la empresa agraria para coger el relevo a su padre. Con tan solo 22 años ha invertido 160.00 euros en adquirir una parcela y montar el riego. Pero es rentable. José trabaja una agricultura enfocada a la subsistencia de su ganado, una cabaña de 600 ovejas de leche.
El regadío le ha permitido tener dos cosechas y ampliar el número de cultivos, una “mejora en calidad del alimento, con más proteína”, que le ha ayudado a aumentar la producción láctea, que destina a una cooperativa de jóvenes de León. A él, además de la posible pérdida de tierras, le agobia el encarecimiento de los costes de producción, que cada día hace más difícil la viabilidad de la ganadería. Si eso llegara, tendría que devolver el importe de su plan de mejora y no podría pagar las letras. De momento las 30 hectáreas de regadío –del total de 150 que tiene– han abaratado sus costes en un momento en el que el ovino pierde explotaciones a pasos agigantados por la venta a pérdidas.
El secano da forraje para “subsistir un poco”, explica, “también da algo de grano”. En una sequía como esta, José solo podría haber alimentado al ganado medio año, que habría tenido que completar con pienso, a un precio “por las nubes”, por la inflación, y no habría podido cubrir “ni si quiera gastos”, lamenta, situación que hace unos meses ya obligó a cerrar la explotación a otros jóvenes ganaderos de ovino en Zamora. Él ha esquivado el cierre gracias al regadío, que asegura la producción.
En Tábara ya no se mira tanto al cielo como antes, la lluvia ya no decidirá el futuro de estos jóvenes que se afanan en montar poco a poco hectáreas de aspersores, único artilugio que aún puede verse en Moreruela de Tábara, hasta que lleguen las primeras placas fotovoltaicas.
La producción de alimento, un bien común “por encima” de las energías renovables
En Castilla y León se estima que hay más de dos millones de hectáreas de monte bajo, es decir, superficie no productiva en términos agrícolas que podría resultar un lugar apropiado para las instalaciones de placas solares sin entrar en conflicto con agricultura o ganadería, según han indicado las OPAS.
Estos datos fueron recogidos por la unión de las organizaciones agrarias cuando el pasado mayo presentaron una petición ante las administraciones autonómica y estatal para pedir una legislación que protegiera las tierras de cultivo frente a los proyectos de renovables, que desde hace años flotan sobre Zamora y que han caído en avalancha tras la guerra de Ucrania, cuando se flexibilizaron los procesos de instalación como una medida para promover la producción de energía en el contexto de los altos precios del gas y de la luz por la guerra.
“¿Qué vamos a comer, placas?” era una de las pancartas que se vieron en las movilizaciones en Tábara, cuando los vecinos se manifestaron ante la llegada de fondos de inversión extranjeros que querían hacer de Tábara un gran proyecto de fotovoltaicas.
Desde entonces ya se han expropiado fincas para pasar líneas de descarga, algo perfectamente legal, pues las instalaciones de producción de energía eléctrica es una actividad considerada de interés general, por la que se pueden expropiar terrenos a particulares, según ha confirmado la Junta de Castilla y León. La petición de los agricultores pasa porque estas expropiaciones no sean posibles en terrenos productivos, pues consideran que producir alimento es prioritario frente a los negocios de empresas privadas, aunque sean de energía renovable.
