Castilla León, Asturias y Cantabria siguen trabajando de forma coordinada para poder ejecutar las extracciones del lobo con seguridad jurídica y, realizar el “necesario control de la especie” en estas comunidades.
Los consejeros responsables en la materia de Cantabria, Guillermo Blanco; Asturias, Alejandro Calvo; y Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, asistían ayer a la reunión de la comisión de gestión de Los Picos de Europa, en la localidad cántabra de Tresviso, donde han aprovechado para reafirmar su compromiso con una gestión integral del lobo que asegure su convivencia con la ganadería extensiva, lo que exige la realización de controles de ejemplares que no ponen en riesgo la conservación de la especie, cumpliendo las exigencias de la orden ministerial que regula el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección (Lespre).
Los tres consejeros han coincidido en defender que los controles que han decidido poner en marcha de manera conjunta y coordinada no afectan al estado de conservación de la especie y han precisado que “no son controles indiscriminados sino actuaciones de cirugía que no afectan a la masa biológica de la especie y que se realizarán sobre determinadas manadas y en determinadas zonas en las que los ataques del lobo sobre la ganadería son recurrentes y muy importantes”.
Han señalado que las actuaciones de control anunciadas que se realicen en las comunidades autónomas “por supuesto” que cumplirán con las exigencias que establece el Lespre porque “los daños del lobo sobre la ganadería son recurrentes y significativos y los controles se van a realizar de la forma más cercana posible al perjuicio causado por la especie sobre la ganadería”.
Tanto Suárez-Quiñones como sus homólogos de Asturias y Cantabria, han recordado que la especie, incluso con los datos que maneja el propio Ministerio para la Transición Ecológica, ha mejorado de forma significativa, tanto en su área de distribución como en sus poblaciones durante los últimos 20 años.
Los consejeros de las tres comunidades han vuelto a criticar “el rechazo de la ministra Ribera al diálogo directo que las comunidades autónomas han solicitado en todo momento” para imponer su decisión unilateral de incluir al lobo en el Lespre sin el respaldo de ningún criterio técnico ni científico.
Una decisión que, según han explicado, perjudica de una manera muy importante y evidente al sector primario y, en particular, a la ganadería extensiva, que ya cuenta con otros problemas graves, tales como el precio de las materias primas, el combustible o los piensos.
“El Ministerio está privando a las comunidades autónomas de las herramientas que estaban permitiendo la convivencia razonable entre la ganadería extensiva y el lobo porque está suponiendo la puntilla final”, insistía el consejero castellano y leonés.
El titular de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aprovechó la ocasión para recordar que las tres comunidades reunidas en los Picos de Europa, más Galicia, albergan el 97% de los lobos en España y ha subrayado que “antes había un equilibrio justo en el que se ha interpuesto el Gobierno de España que, con razones injustificadas y haciendo caso a una iniciativa conservacionista, por motivos ideológicos, ha protegido al lobo y no puede haber controles”.
El consejero ha definido esta decisión como “un ataque importantísimo a un recurso fundamental” y por eso esas resoluciones administrativas “son susceptibles de llevarse a los tribunales”.
