La Consejería de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León tramita en estos momentos las solicitudes de siete sociedades empresariales diferentes para la Declaración de Utilidad Pública de otras tantas instalaciones de producción de energía eléctrica, mediante la tecnología solar fotovoltaica, que podrían convertir a la Tierra de Tábara en la mayor productora de este tipo de energías en toda la provincia de Zamora.
La apuesta empresarial ha dado lugar a dos posicionamientos diferentes, enfrentados, entre propietarios de terrenos, agricultores y ganaderos, defendiendo cada una de las partes sus intereses. Unos han encontrado un destino para sus tierras a unos precios que “nunca obtendríamos sembrándolas de cereal”. Otros ven muy negativo y todo un problema la llegada de las plantas fotovoltaicas que creen que perjudicarían muy en particular a la práctica habitual de la ganadería extensiva, y dentro de ella al sector ovino.
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación a los efectos del articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. Hasta ahora unos han optado por llegar a acuerdos con las empresas y otros se han mostrado contrarios a ello, pero podrían acabar con sus terrenos expropiados.
En los próximos días finalizará el plazo para poder examinar en el Servicio Territorial de Industria de Zamora los proyectos y los Estudios de Impacto Ambiental, así como para que quien lo estime oportuno pueda presentación sus alegaciones.
La inversión económica supera los 147,5 millones de euros para los siete parques fotovoltaicos.
En total están proyectados y en exposición pública un total de siete plantas fotovoltaicas con una inversión económica de 147.558.399 euros para la instalación de 702.189 módulos.
La primera planta fotovoltaica promovida por “Colado Solar”, con un presupuesto de ejecución de 23.267.487,66 euros, estará compuesta por módulos fotovoltaicos de 450 W de potencia pico, con un número total de 111.105 módulos, montados sobre estructuras con seguidor solar. Todo ello hace que la instalación tenga una potencia pico de 50 MW y una potencia nominal de 46,88 MW. Constara de 21 inversores, 7 centros de transformación de 5.0 MVA y 7 de 2,5 MVA, conectados al centro de seccionamiento mediante líneas subterráneas de 30 kV con secciones de 240 y 400 mm2 según el tramo.
Con las mismas o similares características hay proyectados sólo en Pozuelo otras cuatro plantas fotovoltaicas: Madroño Solar: inversión 22.857.528,79 euros y 111.105 módulos. Enebro Solar (22.428.142,81 euros y 111.105 módulos), Expliego Solar: (22.740.836,42 euros y 111.105 módulos) y Caoba Solar (22.641.901,98 euros y 111.105 módulos).
Una sexta planta fotovoltaica se ubicará compartiendo terrenos en los municipios tabareses de Pozuelo y Moreruela: “Malvasía Solar” con 16.811.250,85 euros para instalar 73.332 módulos.
En Moreruela de Tábara irá la séptima planta fotovoltaica de “Pino Solar” que contará con una inversión de 16.676.902,24 euros para instalar 73.332 módulos ocupando parcelas de naturaleza rústica y uso agrario.
Estos proyectos están sujetos a evaluación de impacto ambiental ordinaria al encontrarse incluidos en “instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen mas de 100 hectáreas”.
Impulso desde el Ayuntamiento de Pozuelo
La historia comienza a fraguarse a finales de 2019 y principios de 2020 cuando el Ayuntamiento de Pozuelo de Tábara, cuya Corporación Municipal preside Jesús Ángel Tomás Pino, firmaba un convenio con el grupo empresarial Ignis, que integra a las siete sociedades citadas, para la implantación fotovoltaica en el municipio, proveyendo entonces la ocupación en su conjunto de alrededor de 500 hectáreas y una inversión de 125 millones de euros, que ahora será superior, en un conjunto de centrales que sumarían aproximadamente 250 megavatios instalados y una producción anual estimada en 481 gigavatios hora.
La previsión era iniciar las obras a finales de 2021 y antes de terminar 2022 finalizarlas y solicitar la licencia de actividad para entrar en funcionamiento, plazos que no se han cumplido.
El proyecto divide a la población
Algunos propietarios de terrenos de Pozuelo reconocen haber llegado a acuerdos y que se están pagando alrededor de 1.200 euros al año por hectárea. Los contratos de arrendamiento o cesión abarcan 30 años, aproximadamente hasta el 2052. De pagarse a ese precio todas las hectáreas ocupadas los ingresos rondarían los 600.000 euros anuales.
Si se cumplen las previsiones del convenio entre operarios, seguridad, Administración, servicios generales y administración, se generarían 10 puestos de trabajo directos, a lo que habría de sumarse puestos adicionales relacionados con campañas temporales de servicios preventivos en operación y mantenimiento a través de subcontratas otros 8 empleados más.
En el acuerdo rubricado en su día entre Ignis y el Ayuntamiento de Pozuelo se estipula que las plantas fotovoltaicas generarían para el Ayuntamiento, solo del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO) 625.000 euros antes de entrar en funcionamiento las instalaciones. Una vez las placas comiencen a producir el consistorio podría ingresar en torno a los 382.000 euros al año (94.000 del Impuesto de Actividades Económicas y 288.000 del Impuesto de Características Especiales).
El último presupuesto municipal del Ayuntamiento de Pozuelo de Tábara rondó solo los 168.000 euros, y con el dinero de las plantas solares rondaría el medio millón de euros.
Generación de electricidad en la comarca
Dentro de la Tierra de Tábara ya existen cuatro productoras de energía, entre ellas el parque de Valmediano (eólica) en Faramontanos y Tábara y la minicentral hidroeléctrica de Iberdrola en el río Esla, dentro del mismo vaso del embalse de Ricobayo, aguas abajo del Puente Quintos, a su paso por el término de Santa Eulalia. A ellas se suman los parques eólicos del municipio de Ferreruela (y Sesnández) y Riofrío (este ubicado en la sierra Sesnández, en Abejera de Tábara).
La Plataforma en Defensa de la Tierra de Tábara en su primera manifestación en la villa exigía la prioridad de la agricultura y la ganadería que ha dado de vivir siempre a las gentes de la tierra, sobre las plantas fotovoltaicas de fondos de inversión. No siempre los propietarios de los terrenos son los que los labran, y agricultores y ganaderos dependen total o parcialmente de terrenos agrícolas que arriendan a otras personas.
Desde la plataforma tabaresa han denunciado supuestas coacciones por parte de la promotora de las fotovoltaicas, mientras que desde la sociedad Ignis se declara que “siempre buscamos llegar a acuerdos”.
