Propietarios de fincas del camino de Valcuevo, afectados por el expediente de expropiación, han negado que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria haya intentado negociar la compra de una de las fincas. La propiedad está ocupada desde 1993, cuando comenzaron las obras de ampliación del antiguo camino para dar acceso al camping y el aparcamiento que posteriormente se construyó. Salen al paso y desmienten las contundentes afirmaciones del alcalde, José Fernández, que en sesión plenaria justificó el inicio del expediente de expropiación de dos fincas porque no se pudo llegar a un acuerdo.
Los propietarios de una de las fincas presentaron sendas quejas, ante el Defensor del Pueblo y el Procurador del Común, en abril del pasado año, que hechas las averiguaciones del expediente municipal instaron al propio Ayuntamiento a resolver la irregularidad, la ocupación de facto de las fincas desde hace 27 años.
En el escrito presentado el 4 de abril de 2019, los titulares exponen que su finca lleva ocupada 15 años “sin previo aviso ni comunicación” a raíz de las obras del camino entre el Arrabal y el camping. El Ayuntamiento “pavimentó con hormigón e hizo un aparcamiento para vehículos, así como, también pavimentó todas las fincas colindantes con el camino de bajada a la zona de Valcuevo, ocupando las fincas de manera irregular”. Con posterioridad se amplió la ocupación para construir aparcamientos.
Los herederos de uno de los titulares se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para solicitar regularizar la ocupación con una expropiación. “En varias ocasiones nos hemos entrevistado con el alcalde y la contestación siempre es parecida, que se va a hacer pero nunca se hace”, recoge el escrito .
El Defensor del Pueblo, tras abrir expediente informativo, comunica a los perjudicados que mediante Providencia de Alcaldía, se han iniciado la expropiación
Tras estas reuniones donde las peticiones y contestaciones entre las partes son verbales y de las que no consta que exista acta o similar, el 28 de noviembre de 2019 los titulares presentaron un escrito junto con la certificación catastral y la valoración oficial de la Consejería de Economía y Hacienda. Los afectados estipulaban un plazo de tres meses para la adquisición y que se inscribiera a nombre del Ayuntamiento. El equipo de Gobierno “hizo caso omiso al escrito, ni siquiera dio contestación”. Los titulares señalan que la finca, al ser rústica, no paga impuestos pero si se cobrara “la pagaríamos los propietarios, nunca el Ayuntamiento. Un atropello en toda regla”.
Providencia de Alcaldía
El 3 de noviembre de 2021, el Defensor del Pueblo, tras abrir expediente informativo, comunica a los perjudicados que mediante Providencia de Alcaldía, se han iniciado los trámites de expropiación, procediendo, en primer lugar, la adopción de Acuerdo plenario declarando la necesidad de ocupación de los terrenos.
El Ayuntamiento ratifica “la veracidad” de todo lo expuesto y hace varias matizaciones donde el Ayuntamiento sale mal parado. Una de esas matizaciones es que la ocupación no es de 10 años -15 dicen los perjudicados- sino desde 1993 cuando comenzó a ejecutarse la obra – hace casi 29 años- para hacer el acceso rodado hasta el camping. Dichas obras finalizaron en 1995 –hace casi 27 años- , de acuerdo el acta de recepción de las obras. El Ayuntamiento no desmiente que se hayan mantenido reuniones, si bien se agarra a que la petición formal se hizo el 29 de octubre de 2019. Tras la intervención del Defensor del Pueblo se comunica “se ha acordado proceder a la expropiación de los terrenos ocupados”. Para asegurarse que el Ayuntamiento cumple se le ha solicitado “información adicional en la que comunique la efectiva realización de la expropiación, así como el abono del justiprecio”.
