Puebla de Sanabria pierde la demanda judicial de los terrenos para construir la residencia

La Alcaldía no recurrirá el fallo, como así informó el alcalde, José Fernández Blanco, a los concejales en el pleno celebrado ayer. Un pleno tenso y cargado de asuntos, aunque el más relevante fue el procedimiento judicial que ha perdido la Alcaldía, abordado en el punto octavo del orden del día.

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pozuelo de Alarcón en el procedimiento ordinario 501/2020 sentencia, el 9 de diciembre, que “se desestima íntegramente la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria contra la empresa Rua Nova Delta” e impone el pago de las costas al Ayuntamiento.

El portavoz del Grupo Popular, Gustavo Alonso Chimeno, pidió a la “vista de la sentencia y las mentiras” “su dimisión inmediata, la de todo su equipo de Gobierno. Váyanse pronto porque ustedes lo que han hecho con este pueblo no tiene nombre”. “Lo mejor es que entreguen de inmediato sus actas y se vayan a sus casas”.

El portavoz del PSOE, Manuel Santiago, respondió “sí, seguramente nos tendremos que ir algún día pero cuando lo digan las urnas, no cuando lo digas tú”. “Sueltas el espiche, la historia y el que se la quiera creer que se la crea”. El “desgraciado incidente” con la residencia es “lo que nos ha llevado hasta aquí” aunque no desmintió ninguno de los argumentos del PP “hay un error, no se publica”.

El Ayuntamiento no puede exigir a la empresa, según el contenido del fallo judicial, la ejecución de las obras cuando ha habido incumplimientos por parte de la propia corporación: “se obligaba el Ayuntamiento de Puebla a una serie de compromisos, entre los que se encuentra la preparación y tramitación de las modificaciones del Plan Parcial y del proyecto de actuación”.

Las modificaciones, incluidas en el convenio de 2007 con la empresa, consistían en la supresión de una glorieta, la inclusión de la reparcelación del SAU-I de una nueva parcela apta para la ubicación de servicios urbanos de gas de los 34 chalets, la subdivisión del SAU I en dos unidades de actuación y el cambio de titularidad de los terrenos, según lo estipulado en el convenio urbanístico. En la cuestión de la rotonda, la modificación urbanística contemplaba dos rotondas, de las que solo se ejecutó una, y la que se debía suprimir “no se hizo” como reconoció la Alcaldía. Tampoco está acreditada la publicación en el Boletín las modificaciones y aprobación definitiva de la modificación de las unidades de actuación.

La Alcaldía tampoco procedió a la división de los terrenos en cuatro parcelas y su inscripción en el Registro de la Propiedad, cosa que sí se hizo con la CB El Piñero, aunque en este caso la sala da la razón al Ayuntamiento al no haber recibido las obras.

El arquitecto redactor del Plan Parcial y el autor de la modificación reconoció que solo se hizo una rotonda, no constando que se hubiera hecho la modificación como declaró uno de los testigos en la vista. El Ayuntamiento, en la vista, solo acreditó la aprobación inicial de la modificación pero sin hacer pública la aprobación definitiva ni el plazo de exposición y alegaciones respecto a la supresión de la rotonda. Publicaciones que sí se efectuaron en el caso de la división de la unidad de actuación SAU I, donde se completó todo el trámite de exposición y aprobación definitiva.

En el debate, el portavoz del PP, Gustavo Alonso Chimeno, considero conveniente “hacer un resumen de lo que ha pasado con los terrenos de la residencia y porqué el Ayuntamiento ha perdido la sentencia”. Recalcó que a instancias de su grupo se celebró un pleno extraordinario en noviembre de 2019 en el que “apenas tuvimos acceso al expediente de la residencia porque el alcalde se preocupó de mandar al policía local a vigilar qué documentación estábamos recopilando”. Improperios y todo tipo de afirmaciones como “llamarnos comunistas” por reclamar los terrenos, e incluso “el pueblo les ha oído decir que mientras estén ahí sentados no se haría la residencia”.

Durante 13 años “se ha engañado a los vecinos” y enumeró una serie de circunstancias personales del promotor y de la crisis económica, falta de solvencia “y después que solo quería hacer chalets en los terrenos. Largas, largas y largas. Mentiras, mentiras y mentiras”. El informe de la Diputación llegó en febrero de 2020 y en el pleno de marzo “no se nos da cuenta” de dicho informe. Cuatro meses después la oposición recibe que la noticia de este informe que estipula la obligación de iniciar acciones a riesgo de incurrir en responsabilidades personales.

El PP solicitó reiteradamente información sobre el procedimiento judicial “se nos ha exigido incluso por escrito, remitido por el alcalde, el 18 de diciembre de 2020 a que nos callásemos. Que no podíamos facilitar información a los vecinos amparándose en la obligación de guardar silencio”. En palabras de Alonso “falta de trasparencia y nepotismo”. Solo tuvieron acceso a la demanda y de acuerdo a los términos en que se planteaba además de costas “tenía pocos visos de prosperar”. El PP calcula que la demanda costará 60.000 euros. Solo se les convocó a una reunión para decir que se había perdido la demanda “el incumplimiento es por parte del Ayuntamiento, en este caso del equipo de Gobierno ”. No se realizó de forma correcta la modificación de las normas y la ejecución del convenio firmado “para que la empresa pudiera solicitar la licencia de obra. 13 años metido en un cajón, esperando a que pasara el tiempo”.

Apuntó que “siete años para firmar un anuncio”. Pidió aclaraciones de qué letrado representó al Ayuntamiento en el juicio “porque los poderes eran claros”.

Para el PSOE, la solución es “retrotraer el expediente” y recriminó a la oposición que “no sois leales” y criticó la actitud del PP en las reuniones del despacho que trasladaron su disposición a colaborar. María Martínez subrayó que la residencia “es una necesidad social” y la corporación durante 13 años “no ha hecho nada”. En el transcurso del largo debate, el portavoz del PSOE responsabilizó a la Junta de estar “30 años sin hacer nada” y el alcalde reprochó que el Gobierno regional no invierta en residencias en los pueblos, solo 5 millones para una residencia en Zamora.