Ecologistas en Acción reclama a las comunidades autónomas con poblaciones de lobo (Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria) que “cumplan con la orden de protección del lobo y adopten urgentemente medidas para hacerla cumplir, asegurando la conservación de este depredador, fomentando la coexistencia entre el lobo y la ganadería y persiguiendo la caza ilegal”. Recuerdan que la inclusión del cánido en el listado de especies protegidas permanece vigente, y que los numerosos recursos puestos por los cuatro gobiernos autonómicos y por las organizaciones agrarias no son una excusa válida para no aplicar la normativa actual.

Esta organización verde asegura que las cuatro comunidades loberas están “en rebeldía”, y pone como ejemplo que en Castilla y León no se están tramitando las indemnizaciones a los ganaderos por ataques de lobos. En el caso de Galicia, Ecologistas en Acción señala que el Seprona investiga una red de caza ilegal que presuntamente estaría envenenando lobos.

“La obligación de estas comunidades autónomas es colaborar con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la realización de estudios científicos sobre la situación de la población lobera y sus diferentes grupos reproductores, destinar parte de sus presupuestos autonómicos a apoyar la ganadería extensiva, facilitando ayudas para fomentar la coexistencia del lobo y la ganadería, y pagando con más rapidez los posibles daños que se produzcan por los ataques del lobo al ganado, sin la necesidad de contratar seguros privados. También es necesario perseguir la caza ilegal de lobos y poner en marcha campañas de sensibilización sobre la importancia ecológica de esta especie”, afirman desde Ecologistas en Acción.

Además, consideran que todos los recursos presentados contra la orden ministerial “tienen muy pocas posibilidades de éxito”. Señalan que la Audiencia Nacional ha rechazado todas las peticiones de suspensión cautelar de la protección del lobo, por lo que “ el proceso judicial se presume largo y con pocas esperanzas para las pretensiones de las comunidades autónomas” que “deberían estar ya aplicando la normativa vigente en lugar de gastar dinero público con estos estériles procesos judiciales”.