Junta, diputaciones y OPAS se han unido en el Acuerdo de Alegaciones al Proyecto del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero 2022-2027, un documento que ayer suscribieron en protesta del borrador del Ministerio que “no responde a las necesidades reales del campo de Castilla y León”, según declaró el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero.
El documento representa la posición común de Asaja, UPA, COAG y UCCL, la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León y la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero Ferduero, que con la Junta y todas las diputaciones –a excepción de la de León– supone un alegato unánime ante un plan que el consejero ha sentenciado, necesita de “más regulaciones y superficie de regadío”, un sector económico que representa la oportunidad de revertir la despoblación rural.
La restricción del cultivo de regadío dañaría de lleno a la población, tres veces superior que en zonas de secano, además del empleo, que también se triplica en agricultura de regadío y la incorporación de jóvenes al medio rural, 6,5 veces superior que en zonas de secano. Además, el regadío modernizado supone un ahorro de agua de entre el 20 al 25%.
Alegato unánime
“La cuenca del Duero es la que menor capacidad de regulación tiene, a excepción de las del norte de España”, reza el escrito que se detiene en la importancia del uso “sostenible, racional y equilibrado” del agua para el regadío, que “representa solo el 12,6% de la superficie de Castilla y León en comparación con el 21,7% de media en otras cuencas”. Desde el sindicato COAG, coinciden en las medidas generales de la Junta “más almacenamiento de agua y capacidad de regular cauces”, explica el coordinador regional Lorenzo Rivera.
Si se restringe el agua en los próximos seis años “pueden cerrar muchas explotaciones”, acusan desde COAG
La nueva superficie de regadío que se contempla en el plan gubernamental ya estaría “ejecutada o a punto de hacerlo”, critican los socios, por lo que 18.473 hectáreas “no son nuevas”, denuncia el documento, que indica que el incremento real de regadío serían 15.842 hectáreas. Además, se solicita que se incluyan algunas actuaciones desechadas de manera injustificada que supondrían unas 7.000 hectáreas más de regadío. Un terreno “que produce tres veces más que el secano”, señala Rivera, indispensable para fijar población y vertebrar el territorio a través del cultivo y la ganadería. El nuevo plan, critica, “no garantiza el regadío” y advierte que si se restringe el agua en los próximos seis años “pueden cerrar muchas explotaciones”.
Desde el sindicato agrario tachan el plan ministerial de “medioambientalista”, aunque reivindican que la regulación del agua “también permitiría luchar contra las consecuencias del cambio climático” y explica Rivera “que sin regadío la mitad de España será un desierto en unos años. Tenemos la necesidad de tener agua y regar, hay que hacer una apuesta fuerte y valiente”, explica el coordinador regional sobre la importancia de modernizar el regadío y esquivar un plan en el que “prevalece la ideología ecologista, pero nos metemos en el 2030 sin hacer nada, solo prohibiciones”.
Al hilo de la contaminación difusa, el documento se posiciona en contra de la prohibición total de conceder “derechos concesionales para ganadería y regadíos en zonas vulnerables en mal estado químico o riesgo de estarlo”.
Las aguas subterráneas son otras de las nuevas restricciones del plan, pues se pretende reducir el uso de las cuatro masas de aguas contempladas en Castilla y León, de las que tres tocan Zamora, en concreto, Tierra del Vino y La Guareña.
