“Si se suprimen servicios, se cancelan las cuentas”, esta ha sido la respuesta de las 11 mancomunidades de la provincia de Zamora tras reunirse ayer con la Diputación ante el cierre inminente de los cajeros y oficinas en el medio rural que desde hace meses deja sin un “servicio básico” a las comarcas zamoranas, según ha apuntado Javier Faúndez.

“Si se consuma el cierre de oficinas y la suspensión del servicio de cercanía las mancomunidades y ayuntamientos empezaremos a cancelar de forma sistemática todas nuestras cuentas con Unicaja banco”, ha sentenciado Faúndez sobre el acuerdo unánime al que han llegado las mancounidades, que aglutinan a prácticamente la totalidad de ayuntamientos de la provincia.

La Diputación también estudiará la posibilidad de suprimir las cuentas que tenemos con esta entidad

El montante total en las cuentas de todos los ayuntamientos, aunque no se ha querido detallar, ascendería “a varios cientos de millones de euros”, han advertido los representantes mancomunales sobre esta medida que esperan, sirva para “sensibilizar” a Unicaja sobre la situación y dé un paso atrás.

La situación

“Unicaja plantea el cierre de 12 de las 19 oficias bancarias en la provincia, que afecta a 35 trabajadores que se suma a un ERE que afectará al 24% de la plantilla en Zamora”, ha desvelado Faúndez sobre las prácticas “que preocupan” a los representantes políticos y que han despertado esta decisión.

Aunque no se sabe a ciencia cierta qué municipios perderán sedes bancarias “las oficinas están cayendo a cuentagotas, una detrás de otra”. En Sanabria ya se han cerrado Palacios y Villardeciervos, mientras que a Lubián “se va de manera testimonial”, explica el representante, mientras que El Puente afronta la misma situación. En la zona de Aliste ya se ha suprimido el despacho de San Vitero, y Fonfría va por el mismo camino. “El panorama actual no es el mejor a la hora de prestar servicios en las pequeñas localidades”, resume.

El servicio de cercanías ha sido otra de las víctimas de los últimos meses, un servicio que consistía en un autobús “para pagar las pensiones a nuestros mayores”, pero que se encuentra suprimido desde hace seis meses en comarcas como Aliste y que desaparecerá de manera permanente el 1 de enero, ha explicado Fagúndez, sobre una medida “que ha sido la gota que ha colmado el vaso”. Precisamente es el primer día del año cuando la Diputación Provincial podría tomar medidas más drásticas en caso de que la entidad de Málaga “no rectifique” y “consume” la desaparición de cajeros y servicio de cercanías.

“A nadie le va a salir gratis que se desmantele un servicio básico del mundo rural”, ha sentenciado Faúndez sobre las represalias que acarreará. “No podemos consentir que este tipo de atropellos se produzcan”.

“Los consejos de administración pueden decidir lo que quieran, pero nosotros como representantes de ayuntamientos y mancomunidades también podemos decidir qué hacer con las cuentas”.

La Diputación estudiará sumarse a la protesta contra la entidad

“Si esto se consuma, el grupo de gobierno de la Diputación también estudiará la posibilidad de suprimir las cuentas que tenemos con esta entidad”, ha declarado Faúndez sobre la posición del organismo provincial, que repetiría el movimiento de ayuntamientos y mancomunidades si Unicaja no rectifica a día 1 de enero. “Hemos tomado esta postura fruto de una decisión que se está tomando por la puerta de atrás y sin ningún tipo de sensibilidad”. Faúndez ha apelado a la situación boyante de la entidad malagueña, y es que en los nueve primeros meses del año Unicaja ha puesto sobre la mesa un beneficio de 1.395 millones de euros. “Fruto de ese beneficio plantean el cierre de oficinas bancarias en la España Vaciada y en aquellas zonas donde más se necesitan esos servicios”, ha ironizado Faúndez sobre las cuentas halagüeñas de la entidad, obstinada en recortar servicios en la provincia. Por su parte, la Diputación ha anunciado que está trabajando “para que en los primeros meses del año tengamos una serie de propuestas en cuanto a servicios bancarios con entidades que quieran comprometerse con el mundo rural y quieran prestar un servicio básico”. “No vamos a pretender que se ponga un cajero automático o se abra una oficina bancaria en cada una de las localidades de nuestra provincia, pero no vamos a permitir es que se desmantele una red de servicios del medio rural de forma totalmente gratuita”, ha explicado sobre las líneas de actuación que se plantearán durante los próximos meses.