La Diputación y los sindicatos agrarios hacen frente común en defensa del regadío

Tanto la Alianza UPA-COAG como Asaja presentarán alegaciones al borrador antes del 22 de diciembre, pero también lo hará la institución provincial, que ayer se reunió con los líderes en Zamora de las tres organizaciones para conocer en qué grado afecta a los agricultores zamoranos los cambios del plan que regulará la gestión de la cuenca del Duero entre 2022 y 2027. En los próximos días, los dirigentes de la Diputación también se reunirán con los municipios y asociaciones afectados por el desembalse de Ricobayo, y con la plataforma en defensa de las choperas, que también se oponen a algunas de las restricciones contempladas en el borrador publicado por la Confederación Hidrográfica del Duero.

El diputado del Área de Medio Ambiente y vicepresidente tercero de la Diputación, Javier Faúndez, adelantó que el escrito de alegaciones irá en la línea de solicitar un aumento en la capacidad reguladora para almacenar agua en periodos de abundancia, la modernización de los regadíos, la regulación de las aguas subterráneas, y la derogación de las restricciones al aprovechamiento de las franjas de 5 metros en los cauces de ríos y arroyos que la CHD pretende introducir para evitar la contaminación por nitratos.

Tanto Faúndez como los representantes de las OPAs están de acuerdo en que el cambio climático “es una realidad y no podemos obviarlo” pero creen que la CHD se equivoca porque “no se puede combatir el cambio climático con limitaciones, prohibiciones y restricciones, que parece ser la filosofía que últimamente maneja la Confederación, muy en línea con el Ministerio de Transición Ecológica”, expresaba ayer el diputado. Frente a ese modelo, que es por el que apuesta el borrador del Plan Hidrológico, la Diputación defenderá que se almacene más agua en épocas de abundancia de precipitaciones para disponer del recurso en tiempos de escasez.

Canal San José

Otro tema que preocupa a la institución provincial es un desfase que existe en el canal de San José entre la superficie a agregar y la dotación de agua, que repercutiría a 800 hectáreas de agricultores que ya están pagando sus tasas para poder regar.

Por otro lado, la Diputación pondrá sobre la mesa la dilación en la resolución de ciertas solicitudes, como las declaraciones de impacto ambiental que la CHD requiere a los ayuntamientos antes de hacer un sondeo para el consumo humano en los pueblos: “no podemos consentir dejar a la población un año sin agua pendientes de un papel”, aseveró el vicepresidente.

Cambio climático

Sobre la capacidad de almacenamiento de agua, el secretario general de COAG en Zamora y Castilla y León, Lorenzo Rivera, abundaba que se está demostrando que el cambio climático “trae temporadas de muchísima lluvia y temporadas de grandes sequías”. En este sentido, su organización exigirá que se amplíe la capacidad de regulación de la cuenca del Duero para disponer de agua suficiente para dos campañas de riego –el doble que ahora–, como hay en otras zonas de España. En cambio, los planes de la CHD pasan por imponer restricciones y limitaciones al regadío: “se equivocan de arriba a abajo”, señaló Rivera que instó a “conseguir un equilibrio medioambiental, económico y social para que estos territorios no se abandonen por completo”. Por eso, COAG defiende que “con una buena gestión del agua se puede conseguir más cantidad de regadío”, lo que pasa por apostar por la modernización.

Recargar Los Arenales

Por su parte, el secretario provincial y regional de UPA, Aurelio González, explicó los problemas que surgirán en la comarca agraria de Bajo Duero, donde en las zonas que beben del acuífero de Los Arenales no se pueden hacer nuevos pozos. El nuevo plan también impondrá “restricciones a los minisondeos que utilizan explotaciones ganaderas e industrias que necesitan agua. No se podrá realizar ninguna inversión en la comarca, cuando habría que pedir un aumento de la capacidad para estos servicios”. En lugar de estas restricciones propone recuperar el proyecto para convertir el río Guareña en un canal de riego, para que gran parte de la superficie que actualmente riega con pozos pase al riego en superficie y se favorezca la recargar el acuífero.

Regatos

González también señaló la preocupación por la aplicación de la normativa de dejar libre de cultivos una franja de cinco metros a ambos lados de todos los cursos de agua. Si solo se aplica a ríos y arroyos, los agricultores no tendrían problema, pero aplicarla a todos los regatos, “que muchas veces están perdidos”, supondría “la pérdida de una gran cantidad de superficie regable”.

El líder de UPA alertó además de que el Plan Hidrológico pretende “desmontar obras de retenciones que hicieron nuestros abuelos, como azudes o balsas” y “dejarnos a la buena aventura si hay una lluvia torrencial”.

Recrecimiento de presas

Por parte de Asaja Antonio Medina cargó contra el “afán confiscatorio” de la CHD, que carece de presupuesto para obras y “pretende financiar sus actuaciones a base de sanciones” y de ayudas europeas. Esta organización agraria ha pedido el recrecimiento de las presas para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua, además de la recarga de los acuíferos, dos temas que no parecen entrar en la agenda de Confederación. “La presidenta de la CHD se ha atrevido a decir que las presas no son naturales, pretende soltar el agua cuando ella quiera en perjuicio de los agricultores”, aseveró Medina.

El líder provincial de Asaja apunta a que Zamora será una de las provincias más perjudicadas “si se baja de 6.000 a 5.000 metros cúbicos la dotación por hectárea, porque en esta provincia tenemos mucha evaporación y los 6.000 ya se quedan cortos”. Además, insistió en que Zamora aún puede albergar más regadíos, solo el 11% de la superficie es de regadío, frente al 12,5% de Castilla y León y el 21,5% de los cultivos a nivel nacional.

Las tres organizaciones, al igual que la Diputación de Zamora, coinciden en la necesidad de defender a los regantes debido a la correlación que existe entre el regadío y la fijación de población en el medio rural.