“Después de todo nos vienen dando la razón, eso es lo importante”, así ha juzgado el zamorano Lorenzo Rivera, secretario general de COAG Castilla y León, la paralización de la Estrategia Estatal para la Convivencia de las Actividades en el Medo Rural con el Lobo y su Conservación, la Estrategia elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (miterd) que ha quedado detenida tras la petición formal de las comunidades loberas ante la falta de “consenso” en su elaboración.
Esta decisión llega después de que el pasado viernes las cuatro regiones que albergan más del 95% de las poblaciones de lobo de toda España solicitaran formalmente al presidente de la Comisión estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad la retirada de la Estrategia del orden del día, al considerar que el borrador carecía del mínimo rigor técnico, “imprescindible en un documento de tal calado”, según ha divulgado la Junta. Además, esta reunión de la Comisión también ha servido para tomar la decisión de no aprobar el acta de la reunión del 4 de febrero de 2021 en la que se debatió la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).
Un texto cuya validez ha quedado “en entredicho” según han expresado los órganos de las cuatro comunidades loberas, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, al frente de la lucha contra la prohibición de la caza del lobo. Las cuatro consideran que la Estrategia –ahora paralizada– se elaboró “sin consenso” no solo entre Ministerio y Comunidades Autónomas, sino también sin contar con las organizaciones y sindicatos agrarios, como confirman desde COAG, UPA y Asaja. Un proceso que han calificado como “oscuro” desde COAG, al haber sido realizado “sin consenso y sin diálogo entre opas ganaderos y comunidades”. Desde Asaja, el presidente en Zamora Antonio Medina valora la paralización de manera positiva “la expectativa es que el recurso vaya para adelante y la ley, injusta, para atrás”.
A esto, las cuatro comunidades han denunciado que muchos de los contenidos de la Estrategia parten de la premisa de un estatus legal de la especie “que está actualmente en litigio” y que dichos contenidos “podrían vulnerar el régimen competencial autonómico, y por lo tanto, resultar eficaces”, según ha divulgado la Junta. A esta situación se suma el hecho de que se constituyó sobre una decisión unilateral adoptada por el Ministerio sin contar con el consenso de las comunidades autónomas que albergan la especie, según ha dejado conocer la Junta.
“Me parece muy coherente por su parte que lo hayan retirado, a lo mejor significa que nuestro recurso va a prosperar, tanto el de las Comunidades Autónomas como el de las asociaciones agrarias”, valora el secretario autonómico de UPA en Castilla y León, Aurelio González, ante la paralización de la Estrategia del Ministerio, que sentencia, “está basada en la gran mentira de que el lobo está en peligro de extinción”, dice sobre el caso particular de la demografía del cánido al norte del Duero, que “si se ha ido extendiendo gradualmente a otras comunidades es porque han salido todos de aquí, cada vez tenemos más”. González reivindica que la gestión de la especie implicaba también que “el lobo estaba protegido”, y que los ejemplares que se cazaban eran debido a una medida “para controlar la población a través de la caza regulada”. Desde UPA esperan también “llegar al acuerdo y al consenso”.
Esta paralización de la Estrategia “no quiere decir que tengan que elaborar otra”, recuerdan desde COAG, aunque advierten que sacar adelante la actual “sin consenso va a ser difícil”. Las asociaciones agrarias reclaman un diálogo que dicen “necesario” tanto para las comunidades y ganaderos como para el Ministerio, que necesita de la aprobación de la mayoría para “llegar a un acuerdo” que haga realidad cualquier tipo de medida. Y es que, para Rivera, en caso contrario, “difícil situación se le plantea al Ministerio”, más aún “cuando el proceso esta recurrido ante la Audiencia Nacional”. Ahora queda esperar a que salgan las medidas cautelares, resolución que desde COAG esperan que se conozca en un futuro próximo.
Mientras tanto, denuncian la situación de vulnerabilidad que durante estas semanas y las siguientes -entre que llegan o no las medias cautelares- dejan a los ganaderos del norte del Duero, en concreto, los afincados en reservas como La Culebra o Villafáfila.
Daños sin cobrar
“Lo denunciamos en el ataque de Revellinos, estamos en un limbo legal”, relata sobre el último de los ganaderos en sufrir una lobada cuyas 28 bajas no han sido cubiertas de momento por la Junta ante la nueva legislación. Hasta ahora, la Junta de Castilla y León abonaba las compensaciones por los ataques que ocurrían en las Reservas Regionales de Caza –Revellinos está en la zona de las Lagunas de Villafáfila–, ahora está a la espera de los pagos hasta que la Audiencia Nacional decida si mantiene en vigor la orden ministerial que convierte al lobo ibérico en especie protegida en toda España, o no.
Pero esta resolución puede tardar años, denuncian desde COAG “mientras se resuelva si hay medidas cautelares”, en caso negativo, no sería hasta la resolución del recurso presentado ante la Audiencia Nacional cuando se desenredaría la cuestión, un proceso “demasiado largo”. Desde el Ministerio, afirman desde COAG, se llegó a prometer que “se pagarían todos los daños”, aunque las asociaciones se preguntan cómo va a realizarse. “Cumpliendo la ley no se va a hacer”, recalan ante la encerrona administrativa que están encarando los ganaderos. Por ello exigen “medidas transitorias” como solución a la espera y al limbo legal que deja a los ganaderos, como el de Revellinos, sin indemnización. González reclama la urgencia de soluciones “no puede ser que se esté jugando con el patrimonio de los ganaderos, la responsabilidad de los daños, que no sepamos a quién debemos reclamarle los daños”.
Desde Asaja recuerdan que no es suficiente con el pago de las cabezas muertas “no se ha contemplado nunca el lucro cesante de los ataques, aunque hayan matado a dos ovejas por asfixia pueden haber abortado cien, el daño es muy elevado”, reivindica Medina, costes que aumentan en caso de estrés, cuando el ganado puede reducir también la producción de leche.
Aunque las cuatro autonomías aseguran que continuarán estableciendo en sus presupuestos el crédito necesario para habilitar las órdenes de ayudas destinadas a paliar y compensar los daños que provoca la fauna silvestre, desde UPA, González recuerda que en una reunión con las asociaciones agrarias la Junta asumió los costes por daños “mientras no se clarificase la inclusión del lobo en el Lespre, pero ahora parece que no ha asumido su compromiso”, aunque reconoce que en el fondo “el problema es del Ministerio”. Por su parte, Rivera adelanta que el cambio de legislación y en concreto, lo relativo al pago de los daños, “va a ser un problema particular de las reservas”, que augura “muy gordo”.
“Hay que cumplir unos baremos muy concretos para que sea indemnizable”, explica González sobre las condiciones que habría exigido el Ministerio, “para reclamar al Ministerio la indemnización tienes que justificar que has llevado a cabo todas esas medidas y que aun así han sido ineficaces para que el Ministerio te abone los daños”, unas medidas que tacha de “irreales” recogidas en un decálogo de buenas prácticas del organismo estatal que González resume en que “hay que educar al ganado a protegerse del lobo, vallado para explotaciones de vacuno que suponen un gran desembolso o pastores eléctricos”, explica sobre unas medidas que opina “están hechas en los despachos de Madrid, el Ministerio invita a que haya cada vez mas lobos y el ganadero paga”.
