La mayoría del PP en el Ayuntamiento de Mahíde, encabezada por su Alcalde, Roberto Cisneros, ha sido acusado por el grupo del PSOE de impedir el debate sobre el modelo sanitario y el presunto cobro irregular del agua en el pleno extraordinario.
Los concejales del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Mahíde, Ángel Carballés, Julio Mata y Raúl Galván, habían solicitado la convocatoria del pleno extraordinario con el fin de debatir "sobre dos asuntos de importancia para la defensa de los intereses generales del municipio, y en particular, de los intereses que afectan a los ciudadanos y también al propio Ayuntamiento".
El alcalde no permitió informar de los asuntos propuestos por el POSE de Mahíde y, sin permitir el debate, se procedió a la votación.
En primer lugar, el PSOE de Mahíde proponía el rechazo a la propuesta de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, además, se quería proponer que se mantuviera la misma plantilla sanitaria asignada al Centro de Salud de Alcañices antes del Plan Aliste, además de las urgencias y de la UVI móvil.
En segundo lugar ese pedía adoptar el acuerdo de rectificación y devolución del importe indebidamente cobrado por la tasa de agua que actualmente se encuentra en periodo de cobro por la Diputación de Zamora. El PSOE de Mahíde ha denunciado que la tasa de abastecimiento de agua potable correspondiente a los años 2020 y 2021 no han sido publicados oficialmente, a pesar de que el grupo socialista los ha solicitado por escrito y aún no se ha dado contestación. También denuncian que se ha llevado a cabo una domiciliación bancaria indebida de los recibos del agua sin que los contribuyentes hayan dado instrucciones para ello, datos que desde la formación socialista entienden que "se han obtenido de forma irregular de la base de datos correspondiente a las tasas de basura y alcantarillado".
En base a todo ello el PSOE denuncia un "presunto delito de prevaricación" del Alcalde de Mahíde porque los padrones no han sido aprobados en pleno y tampoco expuestos públicamente, siendo remitidos directamente a la Diputación para su gestión de cobro, además, al haber aplicado, de forma intencionada, una tarifa anual de la tasa del agua que es contraria a los acuerdos adoptados en pleno municipal que se ha facturado a unos vecinos y no a todos, sin que exista un criterio para justificar tal actuación.
