Alrededor de 35 ovejas muertas y cuatro mordidas es el dramático balance de un ataque de lobo en una ganadería de ovino en Gamones de Sayago. El episodio ocurrió la madrugada del domingo al lunes en una finca situada en el límite con Luelmo de Sayago. Las ovejas estaban a resguardo en una finca cercada, cuya barrera superó el cánido provocando una de las lobadas más dañinas que se recuerdan en la zona.
La mayoría de los animales perecieron por asfixia, al intentar huir del predador sin encontrar salida. Los agentes medioambientales de la Patrulla del Lobo confirmaron que el ataque estaba provocado por el lobo en la explotación de Gamones, situada al sur del Duero.
La realidad de la comarca de Sayago es más cruda, pues en los últimos dos meses “el goteo es constante” confirman ganaderos de la zona sobre la presencia del lobo. Hay ataques a rebaños de ovejas y también se ha registrado alguno en vacuno. Se han sucedido episodios en Villamor de Cadozos, Fresnadillo, Gáname, Luelmo o Almeida de Sayago. “Caen una, dos, aparece alguna mordida, pero un daño tan grave hacía tiempo que no se producía” apuntaba un ganadero en referencia a la lobada en Gamones.
“Limbo legal”
Por otro lado, la organización agraria COAG se reafirmaba ayer en el “limbo legal” en que se encuentran los pagos compensatorios en los ataques del lobo que se producen en zonas de Reserva. “No son hoy indemnizables a pesar de que la ministra Ribera quiera sembrar la confusión entre los ganaderos afirmando lo contrario”. Incide COAG en que la normativa “niega toda posibilidad de que se abonen los ataques del lobo en tanto especie no cazable” (lo es el lobo desde que se incluyó en el Lespre). “Esta circunstancia supone, de acuerdo con la normativa autonómica, que los daños generados por este animal en los terrenos cinegéticos al norte del Duero de los que la Comunidad Autónoma es titular dejen de ser compensados al ganadero”.
La organización agraria sostiene que la afirmación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "es además hipócrita pues fue el propio director general Jorge Marquínez comunicó a las OPAS que las comunidades no estaban obligadas a adherirse a la Estrategia de conservación del lobo".
El artículo 54.6 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, "establece que con carácter general las Administraciones Públicas no son responsables de los daños ocasionados por las especies de fauna silvestre".
La Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, dispone que "los titulares de aprovechamientos cinegéticos serán responsables de los daños originados por las piezas de caza de los terrenos acotados. Al dejar de ser el lobo una pieza de caza, los daños siguen el régimen de cualquier daño ocasionado por la fauna silvestre, donde rige el principio de no responsabilidad de la Administración".
