El PP de Castilla y León espera que en las próximas semanas la Audiencia Nacional resuelva las medidas cautelares solicitadas para dejar sin efecto la prohibición de cazar lobos al norte del Duero hasta que el tribunal resuleva el recurso interpuesto por la Junta de Castilla y León contra la orden ministerial de Teresa Ribera que incluye al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

La petición de esas medidas cautelares es la última de todas las acciones tomadas por la Junta de Castilla y León para tratar de mejorar la situación de los ganaderos en la comunidad, que son “la verdadera víctima” de la decisión tomada por la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en palabras del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero.

Carnero preside esta tarde un encuentro entre responsables del Partido Popular y los sectores afectados por la sobreprotección del lobo en la provincia de Zamora, organizado por la vicesecretaria de Desarrollo Rural del PP de Zamora, Natalia Ucero, en la que estuvieron presentes el presidente del partido, José María Barrios, la secretaria general, Elvira Velasco y otros cargos orgánicos del PP. Al encuentro asistieron también los líderes provinciales de Asaja, COAG y UPA, el presidente de la IGP Ternera de Aliste, las cooperativas Ovino de Aliste, Asovino y Cobadu, la Asociación de ganaderos de toros de lidia y representantes de los cotos de caza de Arcillera, Ayoó de Vidriales y la Asociación de Cotos de Caza de Aliste.

Carnero recordó la importancia de la ganadería para Zamora y para toda Castilla y León, una comunidad “eminentemente ganadera” donde el peso de esta actividad en la producción agraria es 15 puntos superior a la media nacional. Concretamente, la ganadería aporta el 51% de la producción agraria, frente al 36% en el conjunto de España. “Si decimos que Castilla y León es el granero de España, también es, sobre todo, la explotación ganadera de España”.

Sin embargo, en este sector ha generado inquietud y malestar la inclusión del lobo en el Lespre, especialmente entre los ganaderos de vacuno, de ovino en extensivo, y también entre los criadores de toros de lidia, cuyas explotaciones también sufren los ataques del predador.

Pero al margen de su peso en la economía, para Carnero la ganadería tiene importancia “porque asienta población como ningún otro sector agrario”. Por eso el consejero criticó que esta decisión se haya tomado desde un Ministerio que se llama de Transición Ecológica y Reto Demográfico. “Si lo que pretendemos en ese reto demográfico es que se asiente población en el medio rural, malamente se va a poder asentar población cuando a la ganadería se la está atacando de esta manera a través de la sobreprotección del lobo”, aseveró.

Además, prosiguió el consejero, la decisión se tomó “sin ningún tipo de diálogo por parte del Ministerio” y en contra de la posición de las comunidades autónomas afectadas (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León), que cuentan con gobiernos de distinto signo político, pero todas se han pronunciado en contra de la sobreprotección del cánido.

No estamos en contra del lobo, pero queremos que haya un equilibrio entre la conservación y el mantenimiento de la ganadería en Zamora”, matizó Carnero.

La inclusión del cánido en el Lespre no solo traslada al norte del Duero el régimen de especie no cinegética, sino que “también al sur del río será más restrictiva la aplicación de los posibles controles que se pudieran dar de caza”, advirtió el consejero.

En 2019 las ganaderías de la comunidad sufrieron 2.580 ataques del lobo. “Estamos ante un tema dramático y no solamente por lo económico, sino también por lo afectivo, por lo moral”.

Por eso, desde Castilla y León se trata de revertir la decisión de la ministra Teresa Ribera. En primer lugar, las Cortes autonómicas aprobaron una Proposición No de Ley, con el apoyo de todos los grupos políticos -incluido el PSOE. En segundo lugar, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, escribió una carta al presidente del Gobierno en la que defendía mantener el equilibrio entre conservación de la especie y mantenimiento de la actividad ganadera. Finalmente, cuando se publicó la orden ministerial, la Junta de Castilla y León recurrió a sus servicios jurídicos para presentar un recurso ante la Audiencia Nacional, y también se solicitaron medidas cautelares.

Los responsables del Partido Popular mostraron firmemente ayer su oposición a una decisión “insensata, tomada a la ligera y en base a principios ideológicos, no a principios que tengan que ver con la conservación del lobo”. Carnero recordó que mientras había control cinegético de la especie al norte del Duero se pasó de 125 manadas en 1988 a 175 manadas en 2013

“Estamos con nuestros ganaderos, con nuestros agricultores, estamos defendiendo a la oveja, a la vaca e incluso al toro de lidia, y con ello queremos que haya un verdadero equilibrio, una convivencia y un diálogo”, concluyó el consejero de Agricultura.