Más de un centenar de vecinos de El Perdigón, San Marcial y Tardobispo se manifestaron ayer a las puertas de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León para pedir una “solución” al “abandono administrativo” que atraviesa el municipio desde hace más de un año provocado por la actual secretaria, a quien responsabilizan de los problemas administrativos.
Al grito de “secretaria dimisión”, el movimiento ciudadano reclamaba que se “cese” a la funcionaria, de baja desde hace casi un año según ha explicado la portavoz del movimiento vecinal, Capi de los Mártires, y cuya vacante no ha sido ocupada desde entonces “la secretaría del Ayuntamiento no funciona, es un problema”.
“Creemos que una funcionaria pública que está de baja debe ser sustituida, pero no se la sustituye, hay un vacío de poder increíble”, situación que se traduce a la práctica en pérdida de subvenciones públicas y perjuicios a particulares “estamos dejados de la mano de dios en este aspecto”.
En el Ayuntamiento de El Perdigón “han tenido muchos problemas personales con ella”, aclara de los Mártires sobre la relación entre municipalidad y funcionaria, que queda patente en las demandas judiciales que la secretaria ha interpuesto a alcalde y concejales “hemos llegado a una situación de no retorno”, ha señalado la portavoz vecinal que ha pedido a la Junta que “se haga cargo de la situación”.
“Es autonomía municipal pura y dura, los vecinos tienen que saber que la Junta no es responsable de lo que haya pasado en el Ayuntamiento, no es nuestra competencia”, ha respondido por su parte la delegada territorial Clara San Damián ante las protestas vecinales.
“Cuando un secretario deja vacante la plaza es el ayuntamiento el que tiene que tomar la iniciativa para cubrir esa vacante. En este caso el alcalde ha recurrido a la bolsa de empleo que tiene la Junta de Castilla y León, pero quedó vacía porque nadie quiso ir a ese pueblo a trabajar. El siguiente paso es que el alcalde convoque la plaza, y eso es lo que ha hecho”, ha explicado la responsable política sobre un proceso de selección que “está previsto para este viernes”.
Sobre el “abandono” durante los meses en los que la secretaria ha estado de baja, San Damián ha explicado que la Junta subvenciona el servicio de asistencia del municipio de la Diputación, “que auxilia a los ayuntamientos cuando carecen de secretarios precisamente en periodos de vacancia de la plaza la actividad del ayuntamiento no quede parada, para cosas básicas”, ha aclarado la delegada territorial que ha destacado el trabajo del servicio “siempre lo ha hecho muy bien” ha concluido.
Un año de bloqueo
Retrasos en gestiones que llevan unos días y que pueden durar meses, hasta seis años para la licencia de obra de una cocina de un establecimiento hostelero, los permisos de aforo en bares concedidos por Sanidad ante la imposibilidad de conseguirlos en el Ayuntamiento, estos son algunos de los casos y experiencias concretas de los vecinos de El Perdigón, San Marcial y Tardobispo que ayer reivindicaron sus problemas.
Durante la protesta, los asistentes reclamaban que la funcionaria “no hace los presupuestos” del municipio, además de perder los plazos para el trámite de subvenciones, la última que el Ayuntamiento no ha solicitado por este motivo es una dedicada a la limpieza de caminos durante el verano cuya cuantía ascendía a 20.000 euros.
Entre otros de los resultados del “bloqueo” administrativo, destaca que en ninguno de los tres municipios –además de Entrala, también bajo la misma secretaría– no se han podido tramitar certificados de empadronamiento ni licencias para abrir negocios ni para edificar viviendas, además de la imposibilidad de conseguir papeles tras la defunción de familiares, aquejan los vecinos.
“Ella es secretaria e interventora, por lo que todos los gastos del Ayuntamiento los tiene que aprobar ella”, aclara de los Mártires sobre una situación que ha dejado meses de retraso en el pago de las nóminas de los trabajadores municipales, afirman los manifestantes.
“Si hemos llegado a este punto es porque estamos muy cansados”, concluye la representante vecinal de este movimiento impulsado por los ciudadanos y que lleva recogiendo firmas desde septiembre, con un total de más de 400 –lo que supone más del 50% del censo de la mancomunidad– y que fueron registradas en Junta, Diputación y Subdelegación del Gobierno, tres instituciones a las que la marea vecinal planea volver con las pancartas las próximas semanas si la situación no encuentra “solución”.
