De entrada cambia la denominación. La “estrategia para la conservación del lobo en España” pasa a denominarse “estrategia para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo y su conservación”. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha remitido el texto del borrador, elaborado en el seno del grupo de trabajo del lobo ibérico, a los miembros del Comité de Flora y Fauna Silvestres, en el que están representadas las comunidades autónomas. También se ha enviado a las cinco grandes ONG ambientales, así como a las principales asociaciones agrarias y ganaderas interesadas.
Un borrador que, como precisa el Ministerio, “pone el foco en la coexistencia entre la especie y la ganadería extensiva con la aplicación de medidas preventivas para intentar evitar daños antes que se produzcan y otras paliativas, que estarán acompañadas de adecuadas indemnizaciones”. Para ello, el pasado 7 de octubre el Consejo de Ministros aprobó una partida de 20 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2022. De este montante, 9,5 millones de euros se destinarán a la colaboración con las comunidades autónomas en la mejora de las indemnizaciones de los daños. Y 10,5 para medidas de prevención, ya que, según el Ministerio, existe “probada evidencia de que las explotaciones ganaderas que las aplican tienen una tasa menor de incidencias con el lobo”.
En cuanto al modelo de coexistencia, el borrador sostiene que “la presencia del lobo en zonas ganaderas no debe suponer menoscabo sobre la rentabilidad de las explotaciones, en comparación con explotaciones en áreas sin lobo”. Y además de las subvenciones, entre las medidas se apunta a la contratación de un seguro agrario, así como un protocolo de aplicación de baremos de pago, garantizando el cobro de la indemnización “a la mayor brevedad posible”.
La estrategia se apoya en el análisis científico de 95 planes de gestión del lobo publicados entre el 1982 y 2019 en otros tantos países de Norteamérica y en Europa para apuntar que la mayoría de ellos “contemplan la prevención de daños como pilar fundamental de las respectivas políticas de manejo de este carnívoro”.
En Castilla y León no se dispone de datos actualizados de censo desde el realizado en 2012-2014, por lo que no es posible evaluar tendencias a escala autonómica
Una estrategia que concierne especialmente a Castilla y León, donde se asienta el 60,2% de manadas de todo el territorio nacional (con Zamora a la cabeza), muy lejos del 28,3% de Galicia, la segunda comunidad más lobera. Sobre la tendencia de su área de distribución “se ha constatado la expansión de la especie en los últimos 15-20 años, fundamentalmente hacia el centro peninsular (Sistema Central, provincias de Ávila, Segovia, Guadalajara y Comunidad de Madrid) y su rarefacción (descenso) en el noreste –aunque está presente con varias manadas en La Rioja-, así como en zonas de llanura de la submeseta norte” precisa el borrador del Ministerio.
“En Castilla y León no se dispone de datos actualizados de censo desde el realizado en 2012-2014, por lo que no es posible evaluar tendencias a escala autonómica”. Y al contrario que poblaciones de Europa “donde se ha incrementado y expandido”, en España los datos apuntan a que, “tras la expansión registrada durante los primeros 10-15 años del siglo XXI, ha habido un estancamiento del crecimiento de la población”.
Dentro del capítulo dedicado a la prevención, se incluye la creación de un registro nacional de expedientes de daños de lobo, tal y como existe en otros países de nuestro entorno, centralizado en el Ministerio con datos aportados cada año por las comunidades autónomas. Además, se elaborarán unas directrices comunes de intervención y/o extracción de individuos con carácter excepcional, “para aquellas situaciones con reiterados casos de depredación que hayan sufrido explotaciones dotadas con medidas de protección del ganado apropiados”. Estas directrices “serán propuestas para su aprobación por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y se estudiará su aprobación posterior mediante una norma de rango adecuado”.
Se contempla la realización de un inventario de puntos negro de atropello de lobos en carreteras de cara a la adecuación de vallados o habilitación de pasos.
También se contempla la realización de un inventario de puntos negro de atropello de lobos en carreteras de cara a la adecuación de vallados o habilitación de pasos.
Otra de las novedades es la creación de un programa nacional de radiomarcaje de ejemplares, con el que se podrán establecer indicadores eficientes sobre las amenazas y evolución de la especie, como el seguimiento de la distribución y evolución de las poblaciones o la incidencia del furtivismo.
Para 2022 el Ministerio reforzará las labores de seguimiento a través de un grupo especial de gestión del lobo. Además, para el desarrollo de la estrategia se establecerán mesas sectoriales de diálogo sobre el lobo a nivel nacional y autonómico, integradas por las administraciones, con participación de expertos, naturalistas, ONG, profesionales de la ganadería en extensivo, personal técnico, ayuntamientos o profesionales del turismo.
