El sector maderero del chopo continúa con las reivindicaciones contra el proyecto del nuevo Plan Hidrográfico del Duero para los años 2022 hasta 2027 que, de momento, supondría la prohibición de las plantaciones de chopo en terrenos de dominio público hidráulico cartográfico.
Este posible cambio de regulación se conoció el pasado junio, cuando el proyecto del plan se hizo público. Desde entonces diferentes asociaciones de la industria maderera han convocado protestas contra la disposición que calculan destruiría miles de empleos y beneficio económico.
Las pérdidas económicas han sido tasadas en hasta 23 millones de euros y la pérdida de 1.200 empleos “en las zonas más despobladas de España” por la plataforma “Más Chopo ¡Sí!” que se ha reunido en diferentes puntos de la geografía afectada, como Camarzana de Tera, en Zamora.
Por su parte, el sindicato UCT FICA dispara la cifras de afectados, y ha estimado que el cambio de regulación en la normativa podría destruir hasta 7.000 empleos, un sector “ampliamente desarrollado en la comunidad”, según han destacado, con especial énfasis en Zamora, León , Soria y Burgos, y empresas afectadas como Garnica, Tableros Losán y Kronospán.
Desde el sector advierten que la destrucción de empleos derivados de la industria maderera del chopo afecta “de lleno” a la reiterada “falta de oportunidades laborales en Castilla y León”.
Según datos facilitados por la plataforma, esta decisión afecta a 15.000 parcelas de la cuenca hidrográfica del Duero, perdiéndose el almacenamiento de 1,5 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a las emisiones de 260.000 habitantes, y su función como filtros verdes, ya que los chopos “protegen” a las masas de agua frente al mayor problema ecológico de la cuenca, la contaminación por nitratos. Estas son algunas de las alegaciones de las asociaciones para pedir a la Confederación que no se prohíban las plantaciones.
