Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia han presentado cada una de ellas un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen Especial de Protección (LESPRE), acuerdo llegado en la reunión que ayer tuvo lugar en Oviedo, y tras la que que también se ha solicitado la suspensión cautelar de la orden de protección hasta que la Audiencia Nacional emita una sentencia en firme a los recursos.
Amparada bajo representantes políticos y ganaderos de las cuatro comunidades, durante la reunión Castilla y León estuvo encabezada por el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones y el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Donaciano Dujo.
“Se carga un modelo que ha permitido durante tantos años alcanzar unas poblaciones de lobo que son verdaderamente la envidia de muchos países"
Suárez-Quiñones destacó que las comunidades que han decidido recurrir representan colores políticos diferentes y afirmó que la estrategia y las medida llevadas a cabo hasta ahora por las comunidades autónomas han mostrado durante años la conservación del lobo. Para el consejero de la Junta, la decisión del Gobierno de España “se carga un modelo que ha permitido durante tantos años alcanzar unas poblaciones de lobo que son verdaderamente la envidia de muchos países, algo que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, debería de lucir y dejar de dedicarse a tomar decisiones que solo van a atacar la propia supervivencia del lobo”.
“Desde el Ministerio de Transición Ecológicas y el Gobierno de Pedro Sánchez existe miedo al diálogo para poder hablar de la nueva ley y consensuar la estrategia, ya que no se puede decidir algo tan importante de esta forma”, dijo el responsable de Medio Ambiente de la Junta, quien cargó contra la manera “autoritaria” de hacer las cosas del Gobierno y censuró el “desprecio” mostrado contra el trabajo realizado por la cuatro comunidades autónomas hasta ahora.
Como conclusión, Suárez-Quiñones recalcó que esta iniciativa va en contra tanto de la propia especie como de la soberanía de los Gobiernos regionales.
Castilla y León es la comunidad con mayor número de manadas y ejemplares y también con más ataques al ganado, con cerca de 2.600 contabilizados cada año y más de 4.000 animales muertos
Por su parte, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Castilla y León, que también ha estado presente durante la reunión, ha comunicado que se sumará a cuantas medidas de presión contra la protección del lobo se acuerden, incluida la movilización nacional que se planea se realice a las puertas del ministerio de Teresa Ribera.
El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, indicó que esta es la comunidad con mayor número de manadas y ejemplares y también con más ataques al ganado, con cerca de 2.600 contabilizados cada año y más de 4.000 animales muertos, por lo que desde la agrupación se respaldarán las medidas frente a la “sobreprotección” del lobo “en la calle, en los juzgados y donde haga falta”, que de forma coordinada adopten las cuatro comunidades autónomas que soportan la práctica totalidad del censo de lobos de España, “y que han quedado excluidas de cualquier posible gestión de la especie”, según han dado a conocer.
Las regiones afectadas
Los representantes políticos de las demás comunidades justificaron la interposición recursos ha sido la decisión al “no haber ninguna alternativa y no quedar remedio ante unas acciones y una ley que produce indignación, que carece de argumentos científicos y que sigue un camino de incoherencia tras incoherencia”, indicó la consejera gallega de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Su homólogo en el Principado de Asturias, Alejandro Calvo, censuró que la orden ministerial no tiene periodo transitorio para su aplicación y “deja a los que tenemos que desempeñar la responsabilidad en el peor de los escenarios”.
El consejero cántabro de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, dejó patente su indignación por las acusaciones de la ministra, Teresa Ribera, y del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al asegurar que las comunidades autónomas no han querido dialogar, y puntualizó que el pasado febrero se solicitó a la ministra, al amparo del reglamento de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, una reunión extraordinaria y monográfica de dicho órgano para tratar la inclusión del lobo en el LESPRE. “No solo no se respondió, sino que no se convocó dicha reunión como contempla el reglamento”, denunció el representante.
