El anuncio del PSOE de Castilla y León apoyando el recurso de la Junta ante la Audiencia Nacional contra la Orden que blinda por completo al lobo pone en un aprieto a los representantes gubernamentales de Castilla y León.

El delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, defendió ayer que la prohibición de caza deportiva del lobo conllevará ayudas y apoyo técnico para “lo importante ahora”, que es garantizar su convivencia con la ganadería. Izquierdo precisó que el modelo aprobado por el Gobierno existe en toda Europa, con la excepción de Bulgaria y Lituania que permiten la caza del lobo. Izquierdo sostiene que el Gobierno “se compromete a que llegue otro tipo de actuaciones bajo una reflexión que es muy importante”. Remarcó que la protección del lobo “se hace porque es parte del patrimonio natural de la sociedad; y tiene que ser el conjunto de la sociedad el que contribuya a evitar que sean los ganaderos los que soporten el peso de esta protección”.

Apeló a la “voluntad” del Ejecutivo de establecer un “diálogo” para que los mecanismos de gestión de la especie, controles y ayudas se consensúen con las organizaciones agrarias y las instituciones.

Por su parte el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, consciente de que el tema del lobo en la provincia es un asunto “muy sensible”, recordó que la orden ministerial que prohíbe la caza del lobo en todo el país cuenta con el aval del Consejo de Estado.

Sobre la orden, dijo, aporta “un marco jurídico nuevo que trata de unificar la protección de la especie en todo el territorio español, las indemnizaciones, la prevención y el control para que se alivien y se eviten los problemas y los perjuicios a los ganaderos”. En cualquier caso, el subdelegado del Gobierno es partidario de la dotación de fondos económicos para que “los ganaderos, en ningún momento, sufran ningún perjuicio”. Una medida más para garantizar la “coexistencia entre la actividad ganadera y la protección a la especie”.

Mientras, las reacciones a la Orden que prohibe la caza del lobo se suceden. La Real Federación Española de Caza va a interponer un Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de la Audiencia Nacional. Contando con la asesoría jurídica, técnica y científica de la Fundación Artemisan, la RFEC sostiene que “no hay criterios científicos, censos actualizados o una estrategia de conservación y gestión que avalen la necesidad de esta especial protección”.

Denuncia que, “amparándose en supuestos criterios científicos, el Ministerio va a eliminar, por simple ideología anticaza, los distintos planes de gestión del lobo que están permitiendo recuperar sus poblaciones y su convivencia con la ganadería extensiva”.